«Cruella» Braverman, la ministra de Interior británica, en el punto de mira por buscar frenar la “invasión” de inmigrantes

La ministra de Interior británica Suella Braverman-cuyo nombramiento apenas una semana después de dimitir por violar el código ministerial ya ha sido de por sí bastante polémico- ha sido acusada de hacer caso omiso a las advertencias de que el Gobierno está deteniendo de manera ilegal a miles de solicitantes de asilo.

Alrededor de 4.000 inmigrantes están alojados en el centro de procesamiento de asilo de Manston en Ramsgate, Kent, cuando las instalaciones están diseñadas para albergar, como máximo, a 1.600 personas. Los inmigrantes no pueden estar en este centro más de 24 horas, pero algunos llevan ya un mes, entre ellos, una familia con menores que todos estos días han estado durmiendo en esterillas sobre el suelo.

Las condiciones, según la prensa británica, son deplorables. Ya hay brotes de difteria y sarna, y el personal ha reportado episodios de violencia a medida que aumentan las tensiones por las condiciones de hacinamiento.

Hasta cinco fuentes diferentes han señalado que Suella -que antes de ser ministra de Interior fue Fiscal General del Estado- recibió un aviso hace, al menos, tres semanas. Pero no hizo nada al respecto. Las mismas fuentes revelan que los funcionarios advirtieron que el ministerio del Interior no tenía posibilidad de defenderse ante un desafío legal y que el asunto también podría resultar en una investigación pública.

“Es probable que ahora el Gobierno tenga que conceder asilo a todos ellos, logrando un efecto contrario al deseado. Los afectados también podrían iniciar una acción colectiva legal contra el Ejecutivo, lo que podría costar al contribuyente millones de libras”, matizó una fuente a The Times desde el anonimato.

Se cree que la mayoría llegó a la costa sur británica después de cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. En lo que va de año más de 38.000 personas han cruzado el canal de manera ilegal, casi el doble de las cifras registradas el año pasado. También hay una acumulación creciente de 100.000 solicitudes de asilo. Cada una tarda una media de 480 días en procesarse.

Braverman habría elegido “deliberadamente” no cerrar más hoteles para recolocar a los inmigrantes en un intento por reducir la factura de 6,8 millones de libras al día que ya paga el Ejecutivo para albergar a los solicitantes de asilo.

El pasado verano, el Gobierno liderado entonces por Boris Johnson aprobó un polémico plan para enviar hasta Ruanda a los solicitantes de asilo que llegan por rutas ilegales, una de las políticas más controvertidas de la era post Brexit. Pero el viaje del primer avión fue cancelado en junio en el último minuto -literalmente- por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

David Neal, el inspector jefe independiente de fronteras e inmigración, ha señalado a los parlamentarios del comité selecto de asuntos internos que quedó conmocionado por las “condiciones miserables” en las que se mantenía a los inmigrantes después de visitar el centro protagonista ahora de la polémica.

Una fuente senior de Whitehall -donde se encuentran los ministerios- asegura: “La ley ha sido violada. . . Es una situación totalmente ilegal. No se puede simplemente detener a la gente. El departamento está básicamente desesperado”.

Otra fuente del Gobierno señala: “Cuando llegan allí, se supone que las personas deben ser procesadas y luego liberadas. Se les toman sus datos biométricos y deben ser enviados a un alojamiento pagado por el Ministerio del Interior, es decir un hotel o una residencia, o se les otorga una fianza de inmigración. Sólo pueden retener a alguien si existe una posibilidad razonable de que lo saquen del país en un plazo razonable. Pero Suella Braverman se negaba a firmar la fianza o pagar los hoteles, lo que significa que estaba deteniendo ilegalmente a personas”.

La controversia aumenta aún más la presión sobre la titular de Interior. Durante el breve mandato de Liz Truss, la ministra presentó su dimisión al romper el código ministerial por compartir por su correo privado unos documentos oficiales. Pero, tras el nombramiento de Rishi Sunak, el nuevo `premier´ la puso de nuevo en el cargo lo que cosechó grandes críticas.