Se avecina una profunda crisis política en Tailandia. El Tribunal Constitucional tailandés decidió este miércoles suspender de militancia al reformista Pita Limjaroenrat tras su contundente victoria electoral el pasado 14 de mayo, en un nuevo golpe que socava sus esperanzas de convertirse en el próximo primer ministro de la nación. Al atardecer, cientos de personas frustradas se congregaron en el Monumento a la Democracia de Bangkok para denunciar el flagrante intento de la junta gobernante de sabotear a la oposición y conservar el poder.

Tras casi una década de Gobierno respaldado por el Ejército, el partido de Pita, Move Forward Party (MFP), obtuvo el mayor número de escaños en los recientes comicios, pero sus esfuerzos por constituir un Ejecutivo han fracasado desde entonces, agravando así el caos político.

Según los resultados anunciados el miércoles por el presidente de la Cámara, Wan Muhamad Noor Matha, tras un debate maratoniano de casi ocho horas, la mayoría de los 395 diputados de la Asamblea Nacional, compuesta por 748 miembros, votaron en contra de Pita. Esta decisión se adoptó después de que un tribunal le suspendiera como parlamentario, a la espera de un veredicto sobre la petición de inhabilitación presentada por la comisión electoral, que alegaba que este había infringido las normas electorales al poseer acciones en una empresa de medios de comunicación.

La Corte decretó la suspensión precisamente cuando Pita se encontraba en el Parlamento para una nueva jornada de deliberaciones sobre si podía convertirse en primer ministro, después de que su intento inicial se quedara a decenas de votos, en una sesión parlamentaria celebrada la semana pasada. «Me gustaría despedirme hasta que volvamos a vernos. Si el pueblo ha ganado la mitad, la otra está por llegar, y aunque no haya cumplido con mi deber, pido a todos los compañeros que se ocupen del pueblo. Probablemente no tendré suficiente apoyo para ser investido primer ministro», afirmó el político levantando el puño, mientras abandonaba el hemiciclo entre los vítores de sus colegas.

Mientras tanto, se han abierto dos causas contra Pita, que podrían acabar con suexpulsión de la política o incluso con su encarcelamiento, un método habitual de los opositores a un Gobierno democrático real en el país. El sistema conservador tailandés se opone con vehemencia a la plataforma de reforma económica de su partido y a la promesa de suavizar las estrictas leyes de difamación de la monarquía.

Así, tras la decisión de inhabilitar a Pita por poseer acciones en una empresa de medios de comunicación, el Tribunal anunció que seguiría adelante con el caso, algo que podría derivar en una descalificación del Parlamento. Según la Constitución del país, los legisladores tienen vetado el derecho a poseer acciones en dichos medios, aunque el canal de televisión en cuestión no emite desde 2007.

Expertos en política tailandesa señalaron que la caída de Pita estaba prácticamente predestinada por la Constitución de 2017, promulgada bajo gobierno militar y diseñada para socavar los desafíos al orden monárquico establecido con medidas como otorgar a los senadores no electos un papel en la confirmación de los primeros ministros. El objetivo específico de la norma era la maquinaria política del populista y multimillonario Thaksin Shinawatra, a quien el Ejército derrocó en un golpe de Estado en 2006, pero estas disposiciones pueden aplicarse contra cualquier posible amenaza.

El aspirante a primer ministro, licenciado en Harvard y adinerado gracias a una empresa agroalimentaria familiar, ha declarado que las acciones mediáticas fueron herencia de su padre. A partir de ahora, dispone de 15 días para defenderse. Aunque suspendido como diputado, el abanderado de la alternancia aún puede presentarse como candidato a primer ministro, ya que la ley tailandesa permite que personas ajenas al hemiciclo, designadas por un partido, sean jefes de Gobierno.

Protestas prodemocráticas

Tras el dictamen, decenas de simpatizantes lloraron, gritaron e insultaron a un amplio cordón policial antidisturbios que custodiaban las puertas del Parlamento. El anuncio ha hecho temer movilizaciones a gran escala, en un país donde la intervención militar y las sentencias judiciales han perturbado a menudo el curso de la democracia, en beneficio de las élites conservadoras monárquicas.

Son millones los tailandeses furiosos por el hecho de que, habiendo votado a MFP y a sus aliados, sus deseos sean ignorados, como ha ocurrido anteriormente en multitud de ocasiones. Por ello, el Ejército y la Policía han levantado barreras en torno al Parlamento y han desplazado fuerzas a Bangkok para evitar que se produzcan movilizaciones callejeras de gran envergadura y violentas. Además, una respuesta a las revueltas –o incluso solo a la «amenaza» percibida del deseo de MFP de rehacer las leyes de lesa majestad– podría ser un pretexto para que el Ejército Real Tailandés diera un nuevo golpe de Estado.

En medio del caos, el conocido activista político y abogado de derechos humanos, Anon Nampha, instó a la oposición a recordar la violenta represión de los manifestantes de las camisas rojas en 2010, en la que murieron al menos 90 personas y más de 2.000 resultaron heridas. Anon añadió que para él era el comienzo de una nueva batalla que llevará a la extinción de los «dinosaurios» y señaló que una nueva generación está creciendo ya que mientras este año MFP obtuvo 14 millones de votos, dentro de cuatro años serán 20 millones.

El Parlamento tailandés ya se congregó el 13 de julio para elegir un nuevo primer ministro. El candidato favorito era Pita, el más votado en las recientes parlamentarias nacionales. Su coalición, junto con una alianza prodemocrática, obtuvo más de 300 votos en la Cámara Baja, de un total de 500 escaños.

En un sistema de gobierno convencional, esta amplia mayoría electoral habría sido suficiente para elevarle a líder del reino. Sin embargo, la nación se rige por un sistema en el que las élites no electas –principalmente el Ejército, la monarquía y sus aliados en los tribunales y la burocracia– no cejan en su empeño de frenar la voluntad popular a la hora de tomar decisiones en los comicios. De hecho, dos golpes de Estado han destituido a dirigentes electos desde 2006, y se han inhabilitado a otros dirigentes y partidos políticos votados mayoritariamente.