La UE ha condenado «con firmeza» que Israel haya llevado a cabo «la mayor confiscación» de territorio desde la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993. El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, denunció en un comunicado que la decisión de declarar como «tierras estatales» más de 800 hectáreas en Cisjordania, anunciada el viernes pasado por el ministro de Finanzas israelí y director del departamento que dentro de Defensa autoriza la construcción de asentamientos, Bezalel Smotrich, contraviene el derecho humanitario internacional.

Borrell urgió a las autoridades israelíes a «revertir» la decisión y recordó que Bruselas no reconocerá ninguna alteración unilateral en las fronteras de 1967 entre Israel y los territorios palestinos «a menos que lo acuerden las partes». Asimismo, afirmó que la expansión de asentamientos judíos en Cisjordania «se opone» a los objetivos comunitarios para ayudar a Israel e impedir que «los horribles ataques contra sus civiles del 7 de octubre vuelvan a repetirse».

«La UE está decidida a luchar contra ese terrorismo con palabras y con hechos, condenando continuamente a Hamás en los términos más enérgicos posibles y mediante sanciones y otras medidas», afirmó el máximo representante de la política exterior comunitaria. A juicio de Borrell, la decisión anunciada por el ultraconservador Smotrich «alimenta las tensiones» y daña las perspectivas de la «solución de los dos Estados». Esta misma semana, los líderes del Consejo Europeo ya habían mostrado su rechazo a la medida adoptada por Tel Aviv.

La decisión del Gobierno israelí de hacerse con más de 800 hectáreas de terreno en Cisjordania fue también condenada por la Presidencia palestina. El Ministerio de Exteriores palestino tachó de «crimen» la medida «vinculada a la política oficial de anexión de Cisjordania y de eliminación de la posibilidad de la creación de un Estado palestino». «No hay moral, valores, principios ni resoluciones internacionales que detengan a la derecha extremista», zanjaba el Ministerio palestino.

Ya en febrero, la Administración Biden aseguró que la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania era incompatible con el derecho internacional, una posición que rompía con la mantenida durante los cuatro años de la presidencia de Donald Trump.

También a comienzos de marzo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, manifestó su rechazo a la ampliación de los asentamientos judíos en Cisjordania, que llegó a equiparar a un «crimen de guerra» por implicar el trasvase de población israelí a territorio palestino.

El anuncio de Smotrich se produjo además en el curso de la última visita del secretario de Estado de EE UU Antony Blinken a Israel en su afán por lograr una tregua entre Israel y Hamás en Gaza y avanzar en la creación de un Estado palestino.

La medida anunciada por el ministro de Finanzas israelí implica que el citado territorio ya no será considerado para el Estado de Israel como propiedad privada de los palestinos, por lo que pueden ser arrendadas o vendidas a colonos israelíes.

«Mientras algunos en Israel y en el resto del mundo pretenden minar nuestro derecho a Judea y Samaria –la denominación bíblica de Cisjordania– y al país en general, nosotros promovemos los asentamientos a través del trabajo duro y la estrategia en todo el país», aseguró Smotrich, quien, no en vano, reside en un asentamiento.

El portavoz de un cercano asentamiento judío celebró las declaraciones del ministro de Finanzas ultraderechista por «conseguir sortear a los oportunistas y atrincherados burócratas que han saboteado de manera reiterada los intentos del Likud de abordar la cuestión de las tierras estatales».

Los planes del Gobierno presidido por Benjamin Netanyahu pasan por anexionar el territorio –situado al norte del valle del río Jordán y habitualmente poblado por campesinos palestinos– al cercano asentamiento colono de Yafit (fundado en 1980, en 2022 residían unas 220 personas). El pasado 29 de febrero el Ejecutivo israelí aprobó una medida semejante con más de 260 hectáreas entre los asentamientos de Maale Adumim y Keidar, cerca de Jerusalén.

Además de tres millones de palestinos, en Cisjordania viven ya casi medio millón de colonos judíos al margen de los 200.000 israelíes radicados en Jerusalén Este, que según Naciones Unidas deberá convertirse en la capital del futuro Estado palestino. La ONG israelí Peace Now, que denuncia que la apropiación del territorio anunciada el viernes es la mayor desde la firma de Oslo hace más de 30 años, asegura que el año 2024 marca ya el récord en la extensión de tierras declaradas estatales en apenas cuatro meses transcurridos.