Boluarte llama a la unidad en medio del descrédito de su Gobierno

La presidenta Dina Boluarte ha sido recibida con todos los honores en la sede del Congreso de Perú. Por primera vez desde que asumió el cargo tras el fallido golpe de estado de Pedro Castillo el pasado diciembre, que acabó con el expresidente en la cárcel, Boluarte dirigió a los peruanos el tradicional mensaje presidencial con motivo de las fiestas patrias.

Cada 28 de julio, se recuerda que en esa fecha en 1821 el general argentinoJosé de San Martín proclamó en la plaza mayor de Lima la independencia de Perú de la Corona española, gran festividad nacional en la que los presidentes acuden al Congreso a hacer balance de su gestión y plantear sus futuras líneas de actuación.

Boluarte lo hace en un momento en que las encuestas reflejan una desaprobación casi total de su actuación al frente del Ejecutivo. La izquierda la detesta como la traidora que apuñaló por la espalda a Castillo, de quien era vicepresidenta, y la derecha, atrincherada en el Congreso, parece utilizarla mientras les resulte un peón útil en la contienda política peruana, en la que las puñaladas a los presidentes, en forma de juicios de vacancia, pueden volar en cualquier momento.

La mandataria, muy cuestionada dentro y fuera de Perú por su papel en la represión de las protestas que siguieron a la caída de Castillo, que se saldaron con 61 civiles muertos y acusaciones a las fuerzas de seguridad de hacer un uso excesivo de la fuerza, se presentó como «una mujer de paz, dialogante, concertadora que cree en la democracia» para llamar a sus compatriotas a construir «un país sin odios».

Parece difícil que su llamado tenga eco en el contexto actual. Aunque no con la intensidad del pasado diciembre, las protestas que piden la salida del Gobierno y la convocatoria anticipada de elecciones volvieron a las calles de Lima en las últimas semanas. La principal herida abierta sigue siendo la de las muertes en diciembre.

La presidenta prometió que «no habrá impunidad» en ningún caso, pero a ningún observador escapa el contraste entre la rapidez con la que la Fiscalía impulsaba las investigaciones de las corruptelas atribuidas a Castillo y su entorno y la falta de avances en los procesos por las docenas de muertos por heridas de bala en algunos de los departamentos más pobres del país.

Poco antes de aparecer en el Congreso, la presidenta había tenido que escuchar un incómodo mensaje en el tradicional tedeum en la Catedral de Lima, donde el arzobispo Carlos Castillo le recordó «las muertes que esperan aún justicia y reparación». Castillo afeó a la presidenta y otras autoridades presentes que «parece que no se dieran cuenta que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes».

Pese a las sombras de la actuación gubernamental en aquel periodo, señaladas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e investigaciones periodísticas independientes, Boluarte y su Gobierno se sostienen por ahora gracias a un Congreso en el que derecha e izquierda han llegado a una sospechosa entente.

Esta semana fue elegida la nueva mesa directiva del Legislativo y la lista ganadora está integrada por fuerzas de derecha como la fujimorista Fuerza Popular y los extremistas de Perú Libre, el partido marxista-leninista que llevó a Castillo a la presidencia en las presidenciales de junio de 2021.

Tan inusual coincidencia ha acentuado la percepción, extendida hace años y reflejada en sondeos como el último publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, de que los congresistas solo miran por sus propios y a menudo oscuros intereses, y los principios no importan nada para ellos.

Boluarte aseguró en su alocución que heredó «un país enfermo de pobreza y corrupción», pero evitó señalar a los parlamentarios que hoy la sostienen en el poder y prefirió volver a cargar contra Castillo, que sigue preso y aislado del exterior en la misma cárcel en la que Alberto Fujimori lleva años. «Los peruanos fuimos conociendo la dimensión, el modus operandi y los implicados en la organización criminal que, incluso, desde antes de acceder al poder, habría sido organizada por el expresidente Pedro Castillo, con su entorno familiar más cercano», recordó Boluarte.

La presidenta afirmó además que la corrupción masiva en la Administración, el cáncer que corroe a la democracia peruana y explica el rechazo general de la población a la política, le costó al Estado 24.000 millones de soles (más de 6.000 millones de euros).

Pero por más que ella intente venderse como alguien diferente, su Gobierno parece lejos de alimentar ninguna esperanza de regeneración.