La izquierda intenta reactivar la protesta contra Dina Boluarte en Perú

Perú se asoma a una nueva oleada de protestas. Diferentes colectivos de izquierda se lanzaron esta semana a las calles en diferentes puntos del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones.

Es la demanda que han venido planteando diferentes sectores sociales desde que Boluarte sucedió en la presidencia a Pedro Castillo, tras ser este destituido y encarcelado por su fallido golpe de estado del pasado 7 de diciembre.

Desde entonces, muchos en la heterogénea izquierda peruana ven a Boluarte, entonces vicepresidenta de Castillo, como una traidora que apuñaló por la espalda al presidente. Y su gestión de la ola de protestas que siguió a su acceso a la presidencia no hizo sino acrecentar la rabia.

La polémica respuesta del Ejército y la Policía dejó un saldo de 67 muertos y diferentes investigaciones periodísticas y de organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos apuntan a que la causa fue un uso excesivo de la fuerza y de munición letal contra los manifestantes.

El Gobierno, tan cuestionado según las encuestas como el de Castillo, asegura que el asunto está en manos de la Fiscalía, pero el Ministerio Público no parece tener la misma prisa en esclarecer las muertes que la que tuvo en impulsar las causas de las presuntas corruptelas del expresidente.

En este ambiente, unas 21.000 personas, según las cifras oficiales, participaron en la protesta en Lima el pasado miércoles, en la que fue la más destacada de las marchas convocadas. En las regiones sureñas de Apurímac, Arequipa y Puno también se produjeron protestas.

“Este gobierno es inmoral e incompetente”, y “ha usado a las Fuerzas Armadas para eliminarnos”, le dijo a la agencia Reuters Martha Manami, que participó en una de las marchas.

En cualquier caso, las movilizaciones no han sido hasta ahora ni tan masivas ni tan sangrientas como las del pasado diciembre. El saldo oficial de seis civiles y dos policías heridos difundido por la Defensoría del Pueblo está muy lejos de los 18 muertos del 9 de enero de 2023 en la ciudad de Juliaca.

Boluarte se muestra decidida a resisitir a toda costa y, pese a su baja popularidad, ve factible agotar el mandato que heredó de Castillo y permanecer en el Palacio de Pizarro hasta 2026.

El pilar en que se sostiene es la aquiescencia del Congreso de la República. Los congresistas saben que la caída de Boluarte precipitaría muy probablemente unas elecciones generales en las que ellos no podrían optar a la reelección y no encuentran incentivos en revolverse contra la presidenta.

Mientras, el goteo de escándalos de corrupción que salpica a legisladores de uno y otro signo sigue alimentando la desconfianza de los peruanos hacia sus políticos y explica por qué uno de los lemas más repetidos en las protestas es “que se vayan todos”.

Pero por ahora, ni los políticos están por la labor de irse ni las movilizaciones tienen la fuerza para alterar el status quo vigente desde la caída de Castillo.

Boluarte ofreció este jueves a sus detractores “un diálogo sincero” para “llegar a buenos consensos”, pero quienes protestan en las calles no se fían ni de ella, ni de su gobierno, ni de un Congreso que se muestra acomodaticio con el gobierno mientras este haga la vista gorda frente a sus desmanes.

El último ha tenido como objetivo a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), garante último de la limpieza de los procesos electorales en el país, que se ha visto sometido a una campaña de acoso desde el Congreso. Salas Arenas ha recibido insultos y amenazas de muerte desde que el pasado julio alzara la voz contra el reforma constitucional impulsada en el Congreso que permitiría a los congresistas destituir a los magistrados del JNE.

Salas Arenas calificó el intento de “grave riesgo” para la democracia peruana. “Una parte del Congreso está atacando la institucionalidad democrática desde hace tiempo”, denunció. Si el Congreso logra su objetivo de poder destituir a los miembros del JNE contaría entonces con un medio de coacción que podría usar en caso de que el órgano electoral dictaminara en contra de sus intereses. Ya en las elecciones de 2021 en las que Castillo derrotó por estrecho margen a Keiko Fujimori, el fujimorismo insistió en la existencia de supuestas irregularidades electorales que nunca fueron acreditadas y retrasaron el escrutinio definitivo durante semanas.

Para los manifestantes contra Boluarte, el JNE es el último reducto democrático que queda en pie frente a lo que califican de “dictadura congresal” y este viernes celebraron una vigilia junto a su sede en Lima para reivindicar su independencia.