Hong Kong emite órdenes de detención y recompensa contra ocho activistas democráticos residentes en el extranjero.

La policía hongkonesa ha anunciado que ofrecerá un millón de dólares hongkoneses (117.000 euros) de recompensa por cualquier información que conduzca a la detención de ocho figuras de la oposición, que se encuentran actualmente en el extranjero y que han sido acusadas de violar gravemente la ley de seguridad nacional. Estos huyeron del centro financiero después de que Pekín impusiera una amplia ley de seguridad nacional, a mediados de 2020, para sofocar la disidencia tras la represión de las multitudinarias y en ocasiones violentas protestas prodemocráticas de 2019.

Entre los ocho sospechosos buscados figuran los ex legisladores Nathan Law, Dennis Kwok y Ted Hui, el sindicalista Mung Siu-tat, el abogado Kevin Yam y los activistas Finn Lau, Anna Kwok y Elmer Yuan. A los activistas, afincados en diversos lugares, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, se les acusa de seguir infringiendo la estricta norma mientras se encuentran en el exilio. Las causas a las que se enfrentan podrían implicar una pena máxima de cadena perpetua.

El comisario jefe Steve Li, del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que el grupo estaba "acusado de actuar en connivencia con fuerzas extranjeras, reclamar la independencia de Hong Kong y pedir que los países extranjeros sancionaran a funcionarios locales, incluidos jueces y fiscales". Según la autoridad, las recompensas se ofrecen después de que la policía haya obtenido órdenes judiciales de detención contra los sospechosos huidos de la ciudad y que, según Li, siguen participando en actividades ilegales que ponen en peligro la seguridad nacional.

Asimismo, el superintendente Li declaró que el objetivo de ofrecer avisos de recompensa por los disidentes es permitir a las autoridades averiguar su paradero y estar preparadas para efectuar "detenciones efectivas" en caso de que estos regresen algún día a la urbe. Citando los artículos 37 y 38 de la ley de seguridad promulgada por Pekín, afirmó que “la policía hongkonesa tiene jurisdicción extraterritorial y la responsabilidad de perseguir a individuos establecidos en el extranjero que cometan actos que pongan en peligro la seguridad nacional de la ciudad. Este tipo de competencias se estipulan en legislaciones similares aprobadas en otros países y regiones”, afirmó Li.

En palabras de la policía, el grupo “ha urdido planes para quepaíses extranjeros socaven la situación financiera de Hong Kong". Por ello, “los ocho deberían presentarse y entregarse”, añadió Li, afirmando que los tribunales podrían considerar la imposición de una pena más leve si así lo hicieran. Al parecer, la Fuerza no puede detener a los individuos buscados si no regresan al territorio semiautónomo, pero estas órdenes de arresto podrían servir para futuras actuaciones policiales.

El máximo órgano legislativo chino aprobó una ley de seguridad nacional en la ex colonia en junio de 2020, tras meses de multitudinarias protestas y disturbios contra una polémica ley de extradición. La normativa penaliza la subversión, la secesión, la connivencia con fuerzas extranjeras y los actos terroristas, que se definen en sentido amplio para incluir la perturbación del transporte y otras infraestructuras. Esta medida otorgó a la policía nuevos y amplios poderes, lo que alarmó a demócratas, grupos de la sociedad civil y socios comerciales, ya que este tipo de leyes se han utilizado ampliamente para silenciar y castigar a los disidentes en China. Diversos países, entre ellos Estados Unidos, afirman que la legislación ha socavado los derechos y libertades garantizados por la fórmula "un país, dos sistemas", acordada cuando Hong Kong volvió al dominio chino en 1997. Sin embargo, las autoridades chinas afirman que la medida ha restablecido la estabilidad y la paz en la ciudad.

Durante un discurso con motivo del 26 aniversario del retorno de Hong Kong al dominio chino, el 1 de julio, el jefe del Ejecutivo, John Lee Ka-chiu, advirtió de que la ciudad debía permanecer en guardia contra la "resistencia blanda" que suponía una amenaza para la seguridad nacional.

En los tres años transcurridos desde la entrada en vigor de la ley, se ha detenido a 260 personas, de edades comprendidas entre los 15 y los 90 años, por actos que ponen en peligro la seguridad nacional.

Tras la represión por parte de Pekín de las grandes protestas prodemocráticas de 2019 y la drástica ley de seguridad impuesta al año siguiente, Londres ha concedido 166.000 visados a personas de su antigua colonia. Los titulares de un pasaporte británico nacional de ultramar -emitido a los hongkoneses nacidos antes de la entrega a China hace 26 años, el 1 de julio de 1997- pueden solicitar un visado. Dicho documento les permite vivir y trabajar en el Reino Unido durante cinco años y, a continuación, solicitar la ciudadanía británica.

Por otra parte, el gobierno británico ordenó a principios de mes a China que cerrara lo que considera comisarías clandestinas en suelo británico. Aunque Pekín ha afirmado que no gestiona ninguna comisaría clandestina, sí reconoce que dirige centros que prestan servicios administrativos. El grupo de derechos humanos Safeguard Defenders señaló en un informe que se han utilizado dependencias de este tipo en ciudades de todo el mundo para localizar a opositores. Por su parte, la embajada china en Londres defendió que “el gobierno chino está plenamente comprometido a proteger la seguridad y los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos en el extranjero de acuerdo con la ley, incluidos nuestros compatriotas en Hong Kong", afirmó y añadió "China respeta la soberanía judicial de otros países y nunca interfiere en los asuntos internos de otros países".