Así dobla Xi Jinping la ley en China

La cuestionada política «Cero Covid», celebridades que desaparecen, multimillonarios en quiebra, el fiasco de Evergrande, detenciones de activistas en Hong Kong, guerras comerciales y objetivos climáticos en medio de una catastrófica sequía. Todo ello unido a la última oleada de suspensiones, expulsiones y detenciones dentro del Partido Comunista, han supuesto una carrera de obstáculos para los objetivos de Xi Jinping de proyectar su fortaleza a nivel internacional.

Desde que asumió el poder en 2012, el líder de la segunda economía mundial ha subrayado sin cesar la importancia del Estado de derecho socialista con características chinas, cuando prometió atrapar tanto a los «tigres como a las moscas» en una campaña anticorrupción de gran alcance. Además, en el cuarto pleno del XVIII Congreso del PCCh, celebrado en 2014, indicó que proporcionaría ·una poderosa garantía para alcanzar los objetivos del centenario y hacer realidad el sueño del gran rejuvenecimiento de la nación».

La primera conferencia central sobre el trabajo relacionado con la gobernanza general basada en la ley en la historia del Partido Comunista de China (PCCh), celebrada en 2020, marcó el establecimiento del Pensamiento Xi sobre el Estado de derecho y su condición de principio rector del gobierno basado en la ley en el gigante asiatico. Sin embargo, si los primeros 30 años de reforma y apertura legal vieron la despolitización del sistema judicial, la última década ha visto su efecto contrario. Los órganos del partido han absorbido a sus homólogos gubernamentales, y la ley se ha usado para codificar el liderazgo del Gobierno.

En 2018, una enmienda constitucional eliminó los límites del mandato presidencial introducidos en 1982. Incluso se han promulgado leyes y reglamentos de seguridad considerados vagos, pero arrolladores. En junio de 2020 Pekín aprobó una «Ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong» (LSN) pasando por alto el Legislativo local de la ex colonia británica y el principio de «un país, dos sistemas» de la Declaración Sino-Británica.

En su primer «Plan de Construcción del Estado de Derecho en China (2020-2025)», los dirigentes esbozaron su visión de un sistema jurídico coherente y auténticamente chino que debería «tomar forma en lo fundamental» para el año 2035. Este documento habla del uso de la ley para «preservar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo y aboga por el uso de herramientas legales para disuadir las intervenciones de fuerzas extranjeras».

Este concepto es clave para mantener la supremacía del partido. Así lo demuestra esta amplia LSN, que estipula que «cualquier acto o actividad» que el Partido Comunista considere que amenaza la seguridad de la República Popular puede ser penalizado.

A partir de entonces, Pekín ha tomado medidas cada vez más drásticas para adentrarse en el sistema político hongkonés y reprimir la disidencia. Las autoridades han detenido a decenas de activistas, legisladores y periodistas partidarios de la democracia, restringido el derecho de voto y han limitado la libertad de prensa.

Estas medidas no solo han suscitado la condena internacional, sino que también han puesto en tela de juicio el estatus de la ciudad centro financiero mundial y han hecho que disminuyan las esperanzas de que la ciudad se convierta algún día en una democracia. Figuras judiciales clave son objeto del nuevo Estado de derecho de Pekín. Paul Harris, presidente del Colegio de Abogados con sede en Hong Kong, ha sido atacado repetidamente por funcionarios y medios estatales por representar a los asistentes a las protestas prodemocráticas de 2019. El «South China Morning Post» calificó su cargo como un «cáliz envenenado».

Asimismo, se han promulgado varias enmiendas relacionadas con asuntos de extranjería. Por ejemplo, la nueva Ley de Seguridad de Datos que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021, estableció condiciones estrictas para las operaciones de las empresas extranjeras en territorio chino. Junto con la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Protección de la Información Personal, existe una nueva arquitectura reguladora en materia de almacenamiento, tratamiento y transferencia de datos.

Las empresas que operan en China continental tienen que someterse a una evaluación de seguridad para enviar datos al extranjero. El incumplimiento de la solicitud de acceso a los datos por parte de una autoridad extranjera supone una violación de la legislación china, mientras que el cumplimiento supone una violación de las leyes extranjeras pertinentes o de las órdenes judiciales. La ley preveía fuertes multas y graves consecuencias en caso de infracción. El desmantelamiento del gigante del transporte por carretera Didi debido a los problemas de seguridad de los datos tras su salida a bolsa en EE UU el año pasado es un ejemplo de la seriedad con la que Pekín aborda la cuestión.

Por otro lado, el desarrollo de un marco jurídico para contrarrestar las sanciones extranjeras y los efectos extraterritoriales de la legislación de otros países ha sido también una de sus prioridades legislativas en los últimos meses. La Ley de sanciones contra el extranjero es una pieza más en los esfuerzos de Pekín por ampliar su instrumental de represalias.