Ley de seguridad en Hong Kong: China introduce su Policía y la cadena perpetua

Las autoridades chinas han considerado que no había mejor manera de celebrar el 23º aniversario de la vuelta de Hong Kong a manos chinas que con la entrada en vigor hoy de la nueva ley de seguridad nacional para la ex colonia británica. La controvertida norma, propuesta y aprobada en poco más de un mes, supone un punto de inflexión en las ansias democráticas de la metrópoli al tiempo que dota a Pekín de una herramienta para castigar a todos aquellos que en el último año han desafiado su soberanía participando en las protestas contra el Gobierno central.

Tal día como hoy hace justamente un año, numerosos hongkoneses asaltaron el Parlamento local para protestar contra el proyecto de ley de extradición destrozando su interior y escribiendo en sus paredes “Hong Kong no es China”. Aquel incidente, sumado a las numerosas protestas del último año, acabaron con la paciencia de Pekín, que tras doce convulsos meses se ha resarcido. Ayer a primera hora, el Comité Permanente del Legislativo aprobó con el voto de 162 delegados a favor y cero en contra una norma que ha caído a plomo en la ciudad.

Y no es para menos. La normativa, que ratificó el presidente chino Xi Jinping, criminaliza los actos de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas externas que pongan en peligro la seguridad nacional. Según los detalles que se dieron a conocer poco antes de la medianoche, los casos serán juzgados en la ciudad china excepto si hay “dificultades realistas” para llevarlos a cabo. Además, las autoridades comunistas establecerán una oficina con agentes de seguridad en la ex colonia que tendrán permiso para actuar en el territorio, algo que hasta la fecha estaba prohibido.

Aunque añadieron que la norma no tiene carácter retroactivo, las penas -que contemplan hasta la cadena perpetua-, lograron la reacción esperada y en tan solo unas horas los grupos localistas se disolvieron y los establecimientos que apoyan a los manifestantes retiraron la propaganda de sus locales temerosos de las consecuencias de sus acciones. Los intentos de protestas durante el día también fracasaron, aunque diversos activistas veteranos prometieron salir a las calles hoy desafiando la prohibición contra la manifestación tradicional del 1 de julio.

Para los opositores, la ley no tiene otro fin que el de acallar las voces críticas en esta región administrativa especial. Amnistía Internacional describió la aprobación de la ley como “la mayor amenaza para los derechos humanos en la historia reciente de la ciudad”. Según advirtió Joshua Rosenzweig, el jefe de la organización en China, “la velocidad y el secreto con el que China ha impulsado esta legislación intensifica el temor de que Pekín haya creado un arma de represión calculadora para ser utilizada contra los críticos del gobierno, incluidas las personas que simplemente expresan sus puntos de vista o protestan pacíficamente”.

Además, también advirtió de que esta ley podría ser usada contra candidatos prodemocráticos en las elecciones al Consejo Legislativo del próximo mes de septiembre, unos comicios en los que muchos hongkoneses tenían puestas sus esperanzas antes de la promulgación de esta ley. De hecho, los políticos Joshua Wong, Nathan Law y Agnes Chow, tres miembros del partido Demosisto, abandonaron esta formación política que persigue la autodeterminación tras conocer la noticia.

“Un aciago destino se nos presenta, las penurias personales son impredecibles y tenemos que afrontarlo con valor. Anuncio mi renuncia como secretario general de Demosisto y mi salida de Demosisto. Llevaré a cabo mi protesta a título personal”, aseguró Wong a través de su cuenta en la red social Facebook. Consciente de que “la preocupación por la vida y la seguridad (personal) ya no es ninguna tontería”, el joven apuntó que las protestas del año pasado habían “despertado a innumerables personas” y “la lucha del pueblo hongkonés no cesará y continuará con una resistencia constante”.

Sin embargo, la realidad es que la norma también espantó a otros grupos pro independencia como el Frente Nacional de Hong Kong, que también anunció que reducirá su presencia en la ciudad y operará desde el exterior.

Precisamente desde fuera llegaron numerosas muestras de disconformidad con una ley que recortará los derechos y libertades de los que hasta ahora habían gozado los hongkoneses. “Lamentamos esta decisión”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. “Esta ley corre el riesgo de socavar seriamente el alto grado de autonomía de Hong Kong y tener un efecto perjudicial sobre la independencia del poder judicial y el estado de derecho”, insistió.

Pero aunque las críticas también llegaron desde Taiwán o Estados Unidos, la líder del ejecutivo local, Carrie Lam, se mostró firme y pidió a la comunidad internacional que respete una norma que ya se ha agregado a la Ley Básica, la mini constitución que rige en la ciudad. “Insto a la comunidad internacional a respetar el derecho de nuestro país a salvaguardar la seguridad nacional y las aspiraciones de la gente de Hong Kong a la estabilidad y la armonía”, señaló.

Quieran o no, no quedará otra opción que respetar la voluntad del Gobierno central, que ha demostrado con esta ley quién manda en una ciudad que durante los últimos 23 años ha utilizado la jornada de hoy (que conmemora la vuelta a manos chinas) para mostrar su oposición a las autoridades locales y de Pekín. Por primera vez en la historia -y quizás ahora para siempre-, el 1 de julio no llenará de color y ruido las calles de la ciudad y, como muchos venían advirtiendo, “pasará a ser una ciudad china más”.