Nicaragua se quedó sin embajador en Madrid, siete meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez llamara a consultas a su embajadora en Managua y cuatro meses después de los comicios en los que el presidenteDaniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, que España no reconoció al considerarlos“una burla”.

El Gobierno de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó a la Cancillería del Reino de España sobre el retiro de sus funciones del embajador Carlos Midence, un intelectual sandinista, historiador y académico nicaragüense, nombrado en ese cargo desde octubre de 2016.

El Ejecutivo de Ortega argumentó que la decisión de retirar a Midence “responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador” por parte de España, “que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática”.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores confirmó que citó este jueves a Midence para pedirle explicaciones por la negativa nicaragüense a la vuelta de la embajadora española al país centroamericano.

Fuentes diplomáticas españolas aseguraron a Efe que el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, citó a Midence para expresarle su malestar por la situación de la embajadora española en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, que fue llamada a consultas en agosto de 2021.

Según las fuentes, España manifestó a Midence que la falta de embajadora en Managua suponía una asimetría en las relaciones diplomática entre ambos países. A las pocas horas, el Gobierno de Nicaragua ordenó la retirada de sus funciones de su embajador en España.

El 11 de agosto del año pasado, el Gobierno español llamó a consultas a Fernández-Palacios en respuesta a un comunicado publicado el día anterior por la Cancillería nicaragüense que contenía, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, “gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales” españoles.

Dos días antes, el 9 de agosto, el Gobierno nicaragüense llamó a consultas a sus respectivos embajadores en Argentina, Costa Rica, Colombia y México, en reciprocidad a lo hecho por esos países.

También lo hizo por “los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países, sobre temas que sólo conciernen a nuestro pueblo y a nuestro Gobierno”.

Argentina, Colombia, Costa Rica y México llamaron a consultas a sus embajadores en Managua por “las preocupantes acciones políticas-legales” del Gobierno de Ortega previo a las elecciones de noviembre, en las que se excluyeron a tres partidos políticos opositores y se encarcelaron a siete aspirantes presidenciales de la oposición.

No obstante, aunque dos días después España llamó a consultas a su embajadora en Managua, Nicaragua no hizo lo mismo con el suyo en Madrid entonces.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y con sus principales contendientes en prisión.

Un día después de esos comicios, el ministro español de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo que en Nicaragua “no ha habido elecciones justas, libres ni competidas”, y exigió la liberación de los opositores y periodistas detenidos, incluidos los siete que aspiraron a ser candidatos presidenciales en esos comicios.

El pasado 24 de febrero, Nicaragua reclamó a España por las “insolentes, anacrónicas, desfasadas declaraciones” del canciller español sobre el país centroamericano y sus funciones diplomáticas, aunque no especificó cuáles.

“No somos súbditos de la Corona española. No aceptamos, por lo tanto, injerencia alguna de ese o de ningún país, en nuestros asuntos internos”, señaló el Gobierno nicaragüense entonces.

La tensión entre ambos Ejecutivos y el cruce de acusaciones comenzó meses antes, con motivo de las detenciones y encarcelamiento de líderes opositores y aspirantes a candidatos de los comicios nicaragüenses del 7 de noviembre de 2021, contra lo que España reaccionó varias veces con protestas enérgicas.