La humillación sin fin de las mujeres afganas

Continúa imparable el proceso de marginación de las mujeres en Afganistán. Si el pasado mes de diciembre los talibanes, que recuperaron el poder en una fulgurante operación estratégica en agosto de 2021, decidían con efecto inmediato vetar el acceso de las mujeres a la universidad, la última decisión, adoptada esta semana, ha sido la de prohibirles ser atendidas por médicos varones, trabajar en centros comerciales o incluso acudir a salones de belleza y peluquerías (que deberán ser cerrados definitivamente en apenas una semana, algo que ya ocurre desde hace muchos meses en provincias Kunduz, Badajshán o Tajar).

Las nuevas prohibiciones se suman a la de impedir a las mujeres trabajar en ONG, decretada el pasado 24 de diciembre. Una decisión que tendrá consecuencias humanitarias catastróficas, advierten los profesionales del sector, toda vez que las mujeres son clave en la entrega de material de ayuda a las poblaciones más necesitadas. En aplicación de la última prohibición de que la población femenina sea atendida por personal sanitario masculino, en la provincia de Balj, al norte del país, las autoridades talibanes decidían recientemente crear espacios de trabajo segregados por sexos e incluso prohibir a los médicos varones acceder a las habitaciones donde estén siendo tratadas mujeres.

La decisión de las autoridades afganas al respecto confirma, en todo caso, lo que ya es una realidad cotidiana por otra parte. El pasado mes de junio sólo la llegada de un equipo internacional de trabajadoras sanitarias permitió que las mujeres heridas en el terremoto que afectó la zona montañosa de la provincia meridional de Paktiká –que se cobró un balance de más de un millar de muertos- fueran atendidas por personal sanitario. Los médicos varones de la comarca se negaron a atender a la población femenina.

En menos de año y medio, los insurgentes han logrado expulsar a las mujeres de la educación, primero vetando su acceso a la enseñanza primaria y secundaria y después de la universitaria, y del mundo laboral (una de las pocas excepciones es la del ámbito sanitario).

Apenas habían transcurrido cuatro meses desde la implantación del nuevo Emirato Islámico cuando los talibanes prohibían a las mujeres la posibilidad de viajar grandes distancias sin la compañía de un familiar masculino. De poder viajar en coche tienen que hacerlo obligatoriamente cubiertas y, eso sí, sin escuchar música por “inmoral”. Por no tener la población femenina afgana no cuenta ya ni con la posibilidad de disfrutar de pasear por parques y zonas verdes, así como de hacer uso de gimnasios y otras instalaciones deportivas.

Tampoco pueden, consiguientemente, practicar deporte en ningún otro medio y forma.

Además, las mujeres están obligadas a cubrirse por entero en público desde que la primavera del año pasado el líder supremo de la organización, Hibatullah Akhundzada, lo decretara. A pesar, en fin, de sus promesas de moderación en su regreso al poder veinte años después de su derrocamiento a manos de las fuerzas de la OTAN, el régimen talibán ha vuelto a imponer implacablemente en el nuevo Emirato Islámico su interpretación de la ley islámica o sharía en la vida pública afgana y confirma inexorablemente los peores augurios.

A diferencia de lo ocurrido durante la primera etapa de los talibanes en el poder (1996-2001), las mujeres están hoy protagonizando una valiente resistencia en la calle y en las redes sociales, como ha sido el caso de las protestas registradas en centros universitarios en desafío del penúltimo veto talibán, aunque por ahora ha sido insuficiente para frenar los planes de los fundamentalistas. La marginación de la mitad femenina de la población se agudiza, además, en medio de un escenario económico crítico para el país de Asia Central, cuyas autoridades siguen sin ser reconocidas por un solo Estado y han perdido la posibilidad de recibir ayuda internacional.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas manifestó la pasada semana su “profunda preocupación” por la progresiva marginación de la población femenina en Afganistán y exigió a los insurgentes a “reabrir las escuelas cuanto antes” y “revertir unas políticas y prácticas que representan una erosión creciente de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.