Veinte años después de ser derrocados por las fuerzas de la Alianza Atlántica y consumado el control territorial completo de Afganistán una vez aplastados los focos de disidencia, los talibanes tienen ahora la ingente tarea por delante de sacar adelante un país en situación social y económica crítica y tratar de convencer a una población que, mal que bien, había disfrutado en los últimos años de ciertas conquistas individuales y colectivas. Más difícil que ganarse a los propios afganos será para los fundamentalistas tratar de convencer a la comunidad internacional de sus promesas de inclusividad, apertura y magnanimidad –incluida la de una amnistía para todo aquel que hubiera trabajado y colaborado con la anterior administración afgana- para esta segunda etapa en el poder. Los primeros pasos de la nueva administración del Emirato Islámico de Afganistán no parecen estar lográndolo, como demuestra que cientos de miles de personas siguen tratando de escapar del nuevo régimen por las distintas fronteras terrestres.

La primera manifestación desafiante del nuevo régimen ha sido la propia composición del Gobierno interino,talibán monocolor y cargado de viejas caras de la insurgencia fundamentalista, incluidos combatientes considerados terroristas por Estados Unidos y Naciones Unidas. Es el caso de Mohammad Hasan Akhund, presidente del nuevo gabinete, quien consta en la lista de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Su mano derecha, el cofundador del movimiento y líder de la oficina política talibán en Qatar, Abdul Ghani Baradar, figura en la lista de sanciones de la ONU.

El nuevo ministro talibán del Interior, Sirajuddin Haqqani, es el hijo del fundador de la red homónima –estrechamente vinculada con Al Qaeda, considerada organización terrorista por Estados Unidos. Además, Mohammad Yaqoob, hijo del fundador del movimiento, el mítico mulá Omar, ya ejerce como responsable de Defensa. El ministro de Defensa Amir Khan Muttaqi también figura en la lista de sanciones de Naciones Unidas. En fin, más de una docena de los miembros del nuevo gabinete figuran en la lista negra de terroristas de la ONU, muchos de ellos con órdenes de captura por parte de las agencias estadounidenses.

Represión contra mujeres y minorías

A pesar de haber insistido en que las mujeres formarán parte de la administración del nuevo emirato, la mitad femenina de la población afgana se resigna ya a jugar un papel secundario en todos los ámbitos de la vida. Como era previsible no hay ni una sola mujer en el Gobierno y han desaparecido los rostros femeninos del periodismo nacional. A las aulas universitarias ha regresado la segregación entre sexos, como antaño. Muchas mujeres no pueden ya acudir desde hace semanas a sus puestos de trabajo. Las mujeres que se resisten, pues varias han sido las concentraciones reclamando igualdad de derechos en las calles de distintas ciudades afganas, han sido reprimidas sin contemplaciones, con torturas incluidas. Entre los represaliados también están los periodistas afganos que cubrían las protestas.

Como muestra de que los métodos talibanes poco han cambiado, sin ir más lejos esta misma semana en la ciudad de Firozhoh, capital de la provincia de Ghor (centro del país), varios combatientes fundamentalistas ejecutaban a una agente de policía de la localidad, de nombre Banu Negar. Según informaciones de la BBC, la mujer, embarazada de ocho meses, fue asesinada ante la mirada de su esposo y sus dos hijos en su domicilio.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos han documentado detenciones, persecución de miembros de minorías religiosas –recordemos que no hay más representación de la variedad étnica del país en el nuevo Gobierno que la de los pastunes- y asesinatos por venganza. El miedo y el sentimiento de abandono y traición entre la población afgana permanecen intactos desde que los integristas reconquistaron el poder el pasado día 15 de agosto. Nada indica que, con una nueva generación de talibanes más radicalizada y sectaria, y con la presencia al mando aún de la vieja generación de líderes, la nueva etapa vaya a diferenciarse demasiado de la anterior.

Con todo, las atrocidades contra soldados y mandos del Ejército afgano, así como contra disidentes, ya habían comenzado en el camino hacia la reconquista del poder en los últimos meses, con torturas y ejecuciones sumarias, a lo largo y ancho de Afganistán. No ha corrido mejor suerte la incipiente resistencia organizada en la provincia de Panshir, liquidada con las armas sin contemplaciones en pocas semanas. Este sábado se conocía que los talibanes mataron el viernes a Rohulá Azizi, hermano del expresidente afgano Amrullah Saleh y uno de los líderes de la resistencia en el valle. Por otra parte, decenas de miles de personas se han visto desplazadas del territorio en busca de seguridad en otras partes del país o fuera de él.

La ONU denuncia el sectarismo del nuevo Gobierno

Cuando se aproxima el primer mes desde la llegada triunfal de los talibanes en Kabul, Naciones Unidas insiste en poner de relieve la gravedad de la situación de “tragedia humanitaria” que vive en país de Asia Central. “Quienes esperaban y demandaban inclusividad se van a llevar una decepción. No hay mujeres en el Gobierno. No hay nadie que no sea talibán. No hay figuras del antiguo gobierno. No hay líderes de los grupos minoritarios. Por el contrario, están muchos de los líderes del período 1996-2001”, lamentaba este jueves la representante especial para Afganistán del secretario general de la ONU Deborah Lyons. Este lunes Naciones Unidas celebra en Ginebra una conferencia internacional de donantes para tratar de recaudar fondos para ayudar a la población.