El régimen de Ortega inhabilita a Cristiana Chamorro, que lideraba todas las encuestas en las presidenciales

Daniel Ortega se prepara para replicar, en los comicios del 7 de noviembre de 2021, el modelo de votación sin competencia política que se dio 2016, cuando el actual mandatario se proclamó por cuarta vez como presidente de Nicaragua. Lo hizo adjudicádose la mayor cantidad de votos en la historia del país, sin haber hecho mayor campaña electoral.

No solamente ha criminalizado a los actores con peso capaces de organizarse en su contra. Por una parte, ilegalizado al Partido Restauración Democrática (PRD) -pilar de la plataforma opositora Coalición Nacional-, y por la otra acusando de supuesto lavado de dinero a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, la favorita entre los electores según sondeos de opinión.

Este 1 de junio la Fiscalía ha presentado formalmente la acusación en contra de Chamorro, sin detallar los delitos que se le pretenden imputar. En un comunicado posterior informó que los señalamientos son por “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”.

En su acusación, la Fiscalía solicitó la inhibición de Cristiana Chamorro en el proceso electoral venidero, al señalarla de “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal”. Además, solicitó su retención migratoria, le prohíbe concurrir a “determinadas reuniones y lugares”, y comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, “para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra”.

Orden de busca y captura

Decenas de oficiales irrumpieron en la casa de la precandidata presidencial minutos antes de que ofreciera una conferencia de prensa virtual. Los uniformados impidieron a sus familiares ingresar a la vivienda, mientras la mantuvieron aislada. Al cierre de esta edición, policías no dejaban a reporteros documentar el allanamiento y la captura, y se desconocía a dónde sería llevada Chamorro.

“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”, respondió Chamorro Barrios vía Twitter.

Un día antes había dicho a la agencia AFP ser la favorita de la contienda. “El pueblo me ha colocado en el primer lugar de las preferencias electorales. Por eso el dictador ordenó que me acusaran, es una venganza contra el pueblo”.

Según la legislación nicaragüense, la inhabilitación para ejercer cargos públicos solo puede imponerse mediante sentencia firme condenatoria por un tribunal, ya que no es una medida cautelar. Además, en Nicaragua, al menos en papel, existe la presunción de inocencia.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) repudió y condenó “el abuso de autoridad de la Fiscalía” y calificó como “ilegal e inconstitucional” que se impida a Cristiana Chamorro su participación en la contienda electoral.

“Absurda, injusta e ilegal”

Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Miguel Mora también condenaron la solicitud de inhibición de Cristiana Chamorro, por considerar que es “absurda”, “injusta” e “ilegal”.

Apenas horas antes del anuncio de la Fiscalía, Cristiana Chamorro sostuvo una reunión con miembros del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) -el único partido opositor aún habilitado para participar en los comicios- y anunció oficialmente su intención de inscribirse como precandidata presidencial en el mecanismo que mantiene abierto la alianza para determinar una candidatura unitaria. El proceso que iniciaría este miércoles ha sdo suspendido hasta nuevo aviso.

Chamorro Barrios, de 67 años de edad, es hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 durante la dictadura somocista. Ella fue la única acusada formalmente en el caso por el cual han sido señaladas otras tres personas, y detenidas arbitrariamente dos más. Chamorro Barrios era la directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), organismo que se dedicaba a apoyar al periodismo independiente, objeto de la causa penal en su contra.

La precandidata fue calificada como “fenómeno político y social” en enero pasado por el Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública (Cendaop) cuando presentó una encuesta que ya ubicaba a Chamorro superando por más de 20 puntos a los demás aspirantes a derrotar a Ortega.