Los refugiados sirios ya no son bienvenidos en Dinamarca

Dinamarca dejó ahora hace veinte años de ser refugio para los desesperados que huyen de la guerra y la persecución política o religiosa. Dos décadas después, el país nórdico ha pasado a ser el Estado de la UE con la política migratoria y de asilo más restrictiva. El cambio de rumbo lo inició un Gobierno liberal en pleno cierre de fronteras por los atentados del 11-S en EE UU, pero lo continúa ahora sin tapujos otro socialdemócrata.

La noticia saltó en marzo a la prensa de internacional después de que las autoridades danesas anunciaran que se estaba revisando la situación de un centenar de solicitantes de asilo sirios llegados al país nórdico desde el comienzo de una guerra civil en 2011, que ha dejado 5,5 millones de refugiados. Dinamarca, acoge a unos 34.000.

Según la ley danesa, los permisos de residencia temporal se expiden sin fecha límite en casos de una “situación particularmente grave en el país de origen caracterizada por violencia arbitraria y ataques contra civiles”, y que pueden revocarse una vez que se considere que las condiciones han mejorado. Y eso es lo que, a juicio del Gobierno socialdemócrata ocurre en Damasco y sus alrededores, zonas en manos del régimen del presidente Bachar al Asad.

El análisis danés de la situación en Siria, donde cada día el régimen detiene y tortura a civiles de forma impone violando los derechos humanos más fundamentales, ha sorprendido al Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la UE, así como a organizaciones humanitarias de todo el mundo.

Para el Gobierno, en cambio, la decisión está tomada y afecta, en un primer momento, a 94 sirios que habían rehecho su vida en Dinamarca. “La política del Gobierno está funcionando y no daré marcha atrás, no sucederá. Les hemos dejado claro a los refugiados sirios que su permiso de residencia es temporal y que el permiso puede ser revocado si la necesidad de protección deja de existir”, defiende el ministro de Inmigración danés, Mattias Tesfaye.

Mientras, el ministro de Inmigración, Mattias Tesfaye, indicó que Dinamarca ha sido un país “abierto y honesto desde el principio” con los refugiados procedentes de Siria. “Les hemos dejado claro a los refugiados sirios que su permiso de residencia es temporal. Se puede retirar si ya no se necesita protección”, aseguró.

Para Charlotte Slente, secretaria general del Consejo Danés para los refugiados, en cambio, la realidad es muy distinta. “No tiene sentido sacar a las personas de la vida que están tratando de construir en Dinamarca y ponerlas en una posición de espera sin una fecha de finalización. También es difícil entender por qué se toman decisiones que no se pueden implementar”.

Al no existir un convenio entre Copenhague y el régimen de Damasco, el centenar de refugiados no pueden ser deportados a su país de origen contra su voluntad, por lo que serán traslados a centros de retorno donde perderán el permiso de trabajo, la escolarización y el resto de derechos adquiridos en Dinamarca. Muchos de ellos no ocultan en sus testimonios su desesperación. “Prefiero morir en Dinamarca que regresar a Siria”, confiesa Simaf, una adolescente kurda de 14 años.

Slente incide en que la conclusión del Gobierno danés de que Damasco es una zona segura porque no se producen ahora combates no es compartida por la comunidad internacional. “La ausencia de combates en algunas áreas no significa que las personas puedan regresar de manera segura. Ni la ONU ni otros países consideran que Damasco sea seguro”, recalca.

Desde Bruselas, la Comisión Europea dio un toque a las autoridades de Copenhague en marzo por ser el primer socio comunitario en anunciar la expulsión de refugiados sirios y anunciaron que abrirían una investigación. “Dinamarca no debería forzar a nadie a regresar a Siria en este momento”, aseguró a Euronews el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič. “Lo estamos analizando y hablaremos con los que piensan que ha llegado el momento de los retornos porque estos deberían ser voluntarios, seguros, dignos y sostenibles. Y las condiciones para esos retornos no existen todavía en Siria”, advierte Lenarčič.

Tras ganar las elecciones hace casi dos años, la primera ministra, Mette Frederiksen, prometió una restrictiva política que disuadiera a los solicitantes de asilo trasladarse a Dinamarca. Para la líder socialdemócrata, se trata de una batalla política con la extrema derecha que durante las últimas décadas se ha hecho con sus votantes tradicionales a base de azuzar el peligro de la inmigración. “Mette Frederiksen sabe que para tener éxito en Dinamarca, debe presentar una política estricta de asilo e inmigración”, resume Ulf Hedetoft, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague.

Antes de llegar al poder, la líder socialdemócrata contaba en un libro de entrevistas que “simplemente observo que hoy en día el 75% de los parlamentarios apoyan una política de inmigración dura”. “Para mí, cada vez está más claro que el precio de la globalización no regulada, de la la inmigración masiva y de la libre circulación de la mano de obra lo están pagando las clases más bajas”, lamenta.

En otra polémica decisión, el Gobierno propuso en marzo una ley para reducir la concentración de personas no occidentales en guetos y evitar la creación de lo que llama “sociedades paralelas” religiosas y culturales, en contraste con la ley tradicional danesa.

Según la Oficina de Estadísticas de Dinamarca, el 11% de sus 5,8 millones de habitantes son de origen extranjero, de los cuales el 58% son de un país considerado “no occidental”.