La defensa de Trump alega que el «impeachment» es inconstitucional

Donald Trump afronta su segundo «impeachment» en menos de un año. Un suceso inédito, reforzado por el hecho de que ya no ocupa la presidencia de EE UU. Que juzgar a un presidente sea o no inconstitucional ha sido una de las obsesiones de su defensa, y de buena parte de los senadores republicanos. Como en anteriores ocasiones, John Roberts Jr., presidente del Supremo, será el encargado de dirigir el proceso, seguramente tratando de no inmiscuirse, apenas para solucionar las dudas procedimentales y las disquisiciones legales.

Habrá turno para que hablen los abogados y los fiscales y cada equipo dispondrá de 16 horas para presentar sus alegaciones. Ocho menos que hace un año. No está claro si será posible que comparezcan testigos y la vista se prolongará durante varios días. En 2020 el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, explicó la negativa de los suyos porque «los numerosos testigos y más de 28.000 páginas de documentos que ya han sido usados como evidencia son suficientes para juzgar las acusaciones y poner fin a este juicio político».

Esta vez la postura de McConnell resulta mucho más ambigua e incluso ha acusado abiertamente a Trump de ser responsable, al menos en parte, de los sucesos del 6 de enero. Hay quien, como el senador por Pensilvania, Pat Toomey, ha declarado que tendría que haber dimitido y quien, como la senadora republicana por Alaska, Lisa Murjowski, opina que el «impeachment» es la única solución posible. «Ya ha causado bastante daño», dijo en una entrevista reciente.

Para los abogados de Trump, maltrechos después de que buena parte del equipo abandonara hace una semana, es evidente que detrás del juicio político sólo hay teatro. O como escriben en el memorándum de alegaciones que hoy ya reprodujeron los medios, estaríamos ante «un intento egoísta por parte de los líderes demócratas en la Cámara de Representantes para aprovecharse del sentimiento de horror y confusión de los estadounidenses de todas las ideologías tras contemplar la destrucción del Capitolio el 6 de enero por unos pocos cientos de personas».

Los demócratas esperan demostrar que Trump llamó a la insurrección y que el asalto no habría sido posible el mitin previo ni, por supuesto, sin haber martilleado durante dos meses respecto a un supuesto fraude electoral que han negado tanto los secretarios de Estado encargados por velar por la limpieza del recuento electoral como los investigadores del FBI, los expertos en ciberseguridad y las decenas de jueces, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo.

Desde luego el clima que encontrará el ex presidente es muy distinto al de hace un año. Entonces el Senado lo absolvió sin ni siquiera hacer caso a quienes, como el senador demócrata Joe Manchin, de West Virginia, pedían a que al menos recibiera una amonestación de corte simbólico. Pero reprobar a un presidente en activo, con serias opciones de ganar la reelección, cuando la pandemia habría sonado a ciencia ficción y la economía marchaba como un disparo, resultaba absolutamente impensable.

En aquellos días los partidarios de Trump clamaban que sus enemigos negaban la legitimidad democrática de su presidencia, mientras que sus opositores sostenían que no era de recibo que el presidente llamase por teléfono al gobernante de otro país para pedirle información contra el hijo de un rival político a cambio de mantener la ayuda económica y militar nada menos que a Ucrania, socio estratégico amenazado por la voracidad expansionista de Rusia. Entonces como ahora, eso sí, asomaba la posibilidad de que los senadores que votaran contra Trump perdieran sus escaños en las circunscripciones menos partidarias del «impeachment».

Parecía imposible ponerse en contra a un presidente todopoderoso, con 80 millones de seguidores en Twitter, capaz de marcar toda la agenda política y mediática con apenas un golpe de teclado. «En lugar de actuar para sanar a la nación, o al menos centrarse en enjuiciar a los infractores de la ley que irrumpieron en el Capitolio, reclaman hoy sus abogados, la presidenta de la Cámara y sus aliados tratan de aprovechar cruelmente el caos del momento para su propio beneficio político».