Dos días después del golpe de Estado en Birmania, el paradero de la lideresa de facto, Aung San Suu Kyi, sigue siendo un misterio. Los militares no han querido dar ni una pista sobre el lugar en el que mantienen retenida a la Premio Nobel y ese secretismo sobre su destino escenifica a la perfección lo sucedido en la nación asiática: el proceso democrático ha quedado truncado y su líder fuera de juego. Aunque un miembro de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), aseguró ayer que se encontraba bajo arresto domiciliario, lo cierto es que no se ha hecho pública ninguna foto que lo demuestre.

De hecho, lo último que se supo de ella fue el mensaje que publicó tras su detención en el que instaba al pueblo a resistir y advertía de las intenciones de los uniformados de imponer una dictadura en el país. El país respira una calma tensa y a última hora de ayer no se había producido ningún enfrentamiento. Sin embargo, los medios locales informaron de que en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, las calles se habían llenado de policías ante la posibilidad de una protesta.

Las redes sociales también se llenaron de vídeos en los que los ciudadanos llevaban a cabo caceroladas y hacían sonar los cláxones de sus coches para mostrar su descontento. Incluso comenzó a fraguarse un movimiento de desobediencia civil apoyado por los médicos de los hospitales públicos, que aseguraron que no trabajarían bajo el mando militar y pidieron la liberación inmediata de Suu Kyi.

Mientras, en Naypyitaw, la capital del país, la presencia militar aumentaba con el despliegue de numerosos camiones y vehículos acorazados, además de los helicópteros que sobrevolaban el Parlamento, donde todavía permanecían encerrados 400 diputados.

“Aunque la situación es tranquila ahora mismo, es muy posible que la gente salga a las calles en los próximos días, lo que aumentará el peligro de que se produzcan violentas represiones contra los manifestantes”, explicaban desde el laboratorio de ideas International Crisis Group. Por ello, instaban al Ejército de Myanmar a actuar de forma pacífica y con la máxima moderación con el fin de restaurar la autoridad civil elegida democráticamente en las elecciones del noviembre pasado.

Aquellos comicios, en los que la LND se hizo con el 83% de los votos, fueron calificados por el Tatmadaw -el Ejército birmano- de fraudulentos y han constituido la excusa perfecta para llevar a cabo esta acción y declarar el estado de emergencia en el país durante un año. Un giro de los acontecimientos que ha supuesto todo un revés para la democracia en Myanmar menos de una década después de que el país comenzara a alejarse de medio siglo de gobierno militar y que, como la mayoría de analistas apuntan, seguro empeorará las ya de por sí sombrías perspectivas humanitarias y económicas del país.

Precisamente, desde Washington aseguraron que tomarían las medidas necesarias para tratar de que regresen a la senda democrática e impondrían sanciones similares a las que la nación asiática estuvo sometida durante las décadas de gobierno militar. El presidente Joe Biden, que tachó los acontecimientos de “asalto directo a la transición del país a la democracia y el estado de derecho”, insistió en la liberación de los funcionarios y activistas detenidos.

Entretanto, la junta militar aprovechó la jornada de ayer para destituir a 24 ministros de la LND y nombrar a 11 de sus aliados en su lugar, entre los que se encuentran antiguos miembros del gabinete de transición que gobernó entre 2011 y 2016 e integrantes del Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, formación política a la que apoyan. En su primera reunión, el general Min Aung Hlaing, defendió que había sido “inevitable” que el Ejército tomara el poder después del supuesto fraude electoral del año pasado.

Sin embargo, la mayoría de analistas ponen en duda las razones dadas por un militar que ha orquestado la asonada y prometido elecciones libres en un año, algo que tampoco se sabe si cumplirá. Sobre todo porque a su ascenso militar han contribuido méritos que dicen mucho de hasta dónde es capaz de llegar. Entre ellos, su apoyo a la sangrienta represión contra la Revolución del Azafrán en 2007; la campaña para expulsar a un grupo rebelde, que obligó a 37.000 personas a buscar refugio en China; y el más reciente, el de su defensa de la campaña de represión contra la minoría rohinyá, que provocó en 2017 un éxodo masivo a la vecina Bangladesh.

De hecho, fue el pasado noviembre cuando la aplastante victoria de Suu Kyi y los suyos en las elecciones empujó a los uniformados a colocar a su hombre fuerte al mando de la nación con el fin de evitar que el estamento militar perdiera las altas cotas de poder de las que goza. Una vez en lo más alto, Min Aung Hlaing, ha demostrado a la comunidad internacional quién manda en la nación asiática acabando con las esperanzas democráticas del pueblo birmano.