A principios de noviembre, los jueces de la Corte Suprema de India centraron su atención en una petición urgente. Arnab Goswami, un destacado periodista, había sido sacado a rastras de su casa y encarcelado. Los ministros del gobierno condenaron la detención como un ataque a la libertad de expresión y exigieron que se le concediera la libertad bajo fianza al señor Goswami. La audiencia fue breve. “Si nosotros, como tribunal constitucional, no promulgamos la ley y protegemos la libertad, ¿quién lo hará?” proclamó un juez. Esa noche, Goswami abandonó la prisión de Taloja en Mumbai mientras una multitud le esperaba eufórica. “¡Esta es una victoria para el pueblo de India!” gritó.

¿Pero realmente lo fue? Para gran parte de los expertos indios, el caso del Goswami no representó tanto una prueba de libertad como de poder. En su actual trayectoria, según todas las pruebas (tal y como lo ilustra el gráfico de la página siguiente), la democracia más grande del mundo se encamina hacia un futuro que es menos libre.

Goswami es una figura polémica. Ha sido pionero en un estilo de periodismo atacador que hace que su programa de televisión nocturno parezca un espectáculo de prueba de la Revolución Cultural China. Sus víctimas suelen ser críticos de la política gubernamental. Por lo general, se empequeñecen cuando Goswami se transforma en un fiscal punzante y los denuncia como “antinacionales” o, peor aún, como un agente de Pakistán.

Lo que llevó a Goswami a la cárcel no fue algo que dijera, aunque sus discursos contra la policía de Mumbai han enfurecido al gobierno local, que se opone al primer ministro, Narendra Modi, y su Partido Bharatiya Janata (BJP). El presunto delito del periodista involucró una gran deuda de impago con un decorador, quien había dejado una nota de suicidio culpándolo, entre otros, por su fatal angustia. La “incitación” al suicidio sigue siendo un delito en India. El caso se cerró en 2019, cuando el BJP todavía ejercía el poder en Mumbai y su reapertura olía a vendetta.

De modo que el fallo del tribunal no fue sorprendente. Lo que realmente impresionó fue la rapidez de su intervención. Goswami pasó solo una semana detenido y su caso apenas había llegado al escalón más bajo de la justicia. Sin embargo, los jueces más importantes del país ignoraron la acumulación de 60.000 casos atrasados de la corte para programar una audiencia de fianza un día después de la apelación del presentador. Esto es en un país donde las cárceles tienen el doble de reclusos en espera de juicio, alrededor de unas 330.000 personas, para ser condenados.

La mayoría de estos “sub-ensayos” provienen de grupos minoritarios y una cuarta parte ha pasado más de un año tras las rejas, reconoce Leah Verghese, investigadora de Derecho. Cuando Modi impuso un gobierno directo sobre el antiguo estado de Jammu y Cachemira en agosto del año pasado, miles de sus residentes fueron detenidos. De los más de 550 recursos de hábeas corpus, como el de Goswami, que presentaron los cachemires, los tribunales se han negado a examinar todos menos unos pocos.

En la misma semana en que Goswami obtuvo rápidamente su indulto, el padre Stan Swamy, un sacerdote jesuita de 83 años que ha defendido los derechos de los pueblos indígenas y está detenido como presunto terrorista maoísta, se declaró culpable ante un tribunal inferior. Como sufre de la enfermedad de Parkinson y no puede sostener una taza con firmeza, los abogados solicitaron que se le permitiera tener una pajita en la celda de la prisión. El tribunal pospuso la audiencia 20 días.

Aún más sorprendente es la demora de los tribunales en cuestiones constitucionales. En 2017, Modi pasó por el parlamento una polémica ley que creaba “vínculos electorales”, afirmando que, como cuestión presupuestaria, no es necesario que la cámara alta la controle, que entonces no estaba bajo el control de BJP. La Corte Suprema aún no ha examinado la constitucionalidad de esta innovación, que permite donaciones ilimitadas y anónimas a partidos políticos. Otras grandes preguntas que sus jueces aún deben abordar incluyen la imposición el año pasado de un gobierno directo sobre Cachemira y unas 140 peticiones legales contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía de 2019, que al incorporar la religión como criterio para la ciudadanía socava la naturaleza secular del Estado indio.

¿Sonambulismo hacia el autoritarismo?

La justicia lenta, desigual y arbitraria no es nueva en India. Sin embargo, sus tribunales a menudo han tratado de controlar el poder ejecutivo. Fue un fallo de un juez que Indira Gandhi, quizás la primera ministra más poderosa de India, había hecho trampas en unas elecciones que la llevaron en 1975 a hundir a India durante una crisis de 21 meses, durante la cual llevó a los opositores a la cárcel y gobernó por decreto. Los profesionales del derecho comparan ahora el momento actual con el período más oscuro de la democracia india. “Este gobierno ha hecho mucho daño a la libertad personal”, dice Ajit Prakash Shah, ex juez del tribunal superior. “Pero los tribunales, especialmente la Corte Suprema, han visto este pisoteo indiscriminado y violento de la disidencia como espectadores mudos”.

Por desgracia, no son solo los tribunales los que parecen ansiosos por mantenerse al día con el gobierno. Muchos engranajes de la maquinaria institucional de India no son meramente complacientes, sino que se han vuelto cómplices de un proyecto que amenaza con convertir al país en un Estado de partido único. Al menos durante la crisis, la amenaza fue clara, dice Tarunabh Khaitan, vicedecano de derecho de la Universidad de Oxford y autor de un artículo, “Matando una Constitución con mil cortes”, que detalla la decadencia institucional de India. “Lo que tenemos ahora es un lobo con piel de oveja”, dice. “No hay un ataque frontal completo y de gran valor a la democracia, pero hay múltiples ataques simultáneos en todos los frentes ... Estamos caminando dormidos hacia el autoritarismo”.

De las instituciones aparentemente independientes que ahora cumplen, la policía de India se destaca. A pesar de los oficiales individualmente humanos y honestos, la impresión que tienen los indios de la fuerza es que su propósito principal es proteger a los poderosos y perseguir a los débiles. Un ejemplo es la gestión de la policía de Delhi de los disturbios comunales que asolaron partes de la capital de la India durante tres días el invierno pasado, dejando 53 muertos.

Los altos oficiales, que antes de que el gobierno de Modi dejara de publicar estadísticas comprendían solo un 2% de musulmanes en una ciudad con un 13% de minoría musulmana, habían sido filmados de pie junto a un político de BJP en un mitin donde amenazó con atacar a los manifestantes, en su mayoría musulmanes, realizando una sentada pacífica contra la nueva ley de ciudadanía. Durante la violencia, se filmó a la policía lanzando piedras y torturando a los jóvenes musulmanes capturados. Más de dos tercios de los heridos, abatidos y asesinados a machetazos eran musulmanes. Sin embargo, lo curioso es que Delhi se ha negado a registrar quejas contra miembros de BJP por incitación. Sus investigaciones se han centrado en una supuesta conspiración islamista-marxista para fomentar los disturbios y avergonzar a Modi en un momento en que recibía al presidente Donald Trump.

Una enmienda presentado el año pasado a la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), una “ley draconiana” de 1967 que permitía al Estado señalar y prohibir a determinados grupos como terroristas, ahora sí autoriza al gobierno designar a cualquier individuo como terrorista. El Estado puede detener a los sospechosos indefinidamente sin derecho a fianza, confiscar sus propiedades e implicar a cualquier asociado como cómplice del terrorismo. Durante el duro bloqueo de India para combatir la covid-19 la pasada primavera, la policía de Delhi reunió sin hacer ruido a decenas de jóvenes presuntamente involucrados en los disturbios y acusó a muchos miembros de la UAPA.

Después de haber disfrutado de un dominio absoluto sobre la Lok Sabha, la cámara baja del parlamento, durante seis años, y más recientemente adquirido el control de la parte superior de Rajya Sabha, el gobierno de Modi ha aprobado otra serie de leyes no solo para expandir sus poderes, sino también para reducir las de sus potenciales rivales. Una espina en su costado supuso una ley de 2005 que defiende el derecho de los ciudadanos a obtener información (RTI) de los funcionarios estatales. Considerada como un gran avance para la transparencia en un país donde los mandarines se mantuvieron distantes e indiscutidos, la ley creó una comisión independiente para garantizar que las solicitudes del público reciban una respuesta. El número de solicitudes supera el millón al año.

En 2019, el gobierno enmendó la citada ley RTI. Redujo el mandato y el prestigio del papel del jefe de la Comisión. No es de extrañar que esta comisión esté rechazando un número creciente de solicitudes de información pública, citando “documentación insuficiente”, incluso cuando el número de solicitudes pendientes aumentó en un 50%. Habiendo descuidado con frecuencia llenar puestos vacíos en la comisión de 11 personas, el gobierno indio escogió en octubre a un periodista cuyos trabajos principales son dos libros que alaban con entusiasmo el “modelo Modi” de gobierno.

Modi operandi

En 2016, Modi ignoró de igual manera el precedente institucional en el ejército indio, al levantar al general Bipin Rawat sobre las cabezas de dos oficiales superiores para nombrarlo su comandante superior. El año pasado, tras un cambio de leyes que amplió la edad de jubilación, el general Rawat fue ascendido a jefe de personal de las fuerzas combinadas de la India. El ejército mantiene una tradición de mantenerse alejado de la política que lo hace casi único en su región, pero los observadores han detectado una tendencia creciente de los oficiales a opinar públicamente sobre asuntos civiles, y los soldados retirados susurran reproches a los oficiales por “coquetear” con políticos.

Modi ha hecho un espectáculo de su propio papel de comandante en jefe como ningún otro primer ministro anterior, y también ha acuñado oro electoral de operaciones militares preelectorales. Afortunadamente, los soldados indios también han permanecido en silencio en los momentos útiles. A medida que salían a la luz este verano pruebas satelitales independientes que mostraban que las fuerzas chinas habían ocupado puestos estratégicos en territorios reclamados por India a lo largo de secciones remotas de la frontera entre ambos países, el ejército se negó rotundamente a comentar sobre las afirmaciones del gobierno indio de que no se había perdido ninguna tierra.

Incluso la imparcialidad de la Comisión Electoral de la India (ECI), con un excelente historial de siete décadas en la gestión de la gigantesca logística de los votos indios, ha sido objeto de escrutinio. Durante las elecciones generales de 2019, que Modi ganó por mayoría absoluta, sus oponentes protestaron enérgicamente cuando el primer ministro y otros líderes de alto rango de BJP escaparon reiteradas veces de una importante censura, mientras la ECI sancionaba rápidamente a candidatos rivales por infracciones menores. Uno de los tres principales comisionados del organismo se opuso, pero fue rechazado. Posteriormente, su familia fue investigada por presunta evasión fiscal. El funcionario renunció a la ECI antes de finalizar su mandato.

Dado que India sigue llevando a cabo elecciones que, según la mayoría de los estándares, son admirablemente libres y justas, puede parecer grosero expresar temores por su democracia. Después de todo, incluso cuando el recuento presidencial de Estados Unidos se vio envuelto en una polémica a principios de noviembre, los funcionarios electorales en Bihar, el estado más pobre de India con una población de 125 millones, lograron contar los votos sin problemas en menos de un día. Como tantos otros en los últimos años, esa elección fue ganada de manera justa por el equipo de Modi.

Los partidarios del BJP se ríen de la idea de que el ascenso de Modi haya implicado una subversión de las instituciones o una dilución de la democracia. Tales protestas son meras uvas amargas, insiste Raghavan Jagannathan, editor de Swarajya, una revista de derecha. “Nuestra democracia tiene fallas, pero es un trabajo en progreso, no solo sobre las personas que están actualmente en el poder”. Los apologistas de Modi señalan tendencias inquietantes en estados que no están regidos por la BJP. Kerala introdujo recientemente una ley para castigar el discurso “ofensivo” con hasta tres años de prisión (pero la retiró después de fuertes críticas). En Odisha, una familia con conexiones con el BJP que posee un canal de televisión que critica al partido gobernante local se ha visto envuelta en juicios.

La política india es un duro juego. El BJP es la maquinaria política más grande del mundo con la energía, la fuerza organizativa y el respaldo financiero de sus rivales. Tiene un líder fuerte en Modi y una fuerte narrativa, por desagradable que sea para muchos. Esto contrasta fuertemente con la vacilación del Congreso, el anterior partido dominante en India. Liderado por una dinastía Gandhi que se desvanece, ha ido desapareciendo del mapap lentamente. Ghulam Nabi Azad, uno de los 23 líderes del Congreso que recientemente solicitó a Sonia Gandhi, la presidenta del partido, cambios radicales, dice que su liderazgo ha perdido la conexión con la gente en el terreno. Su estructura organizativa se ha “derrumbado”. Los indios que detestan a Modi suelen menospreciar a Rahul Gandhi, el mediocre actual testaferro del partido.

Grandes proyectos en Delhi

Ante la ausencia de una fuerte oposición en el centro, la resistencia más efectiva al dominio del BJP se encuentra en las capitales de los estados, así como en la prensa y, en general, en la sociedad. Todos estos bastiones se encuentran bajo una fuerte amenaza. El temible lugarteniente de Modi, Amit Shah, el ministro del Interior, no ha ocultado su determinación de derrocar a Mamata Banerjee, una crítica acérrima y a menudo mordaz que ha dirigido el estado fundamental de Bengala Occidental desde 2011, en las elecciones estatales del próximo año. Los partidos de oposición que tienen escasa mayoría en otros grandes estados, incluidos Rajasthan y Maharashtra, son muy conscientes de la capacidad del BJP para “persuadir” a los desertores de su lado. Esto sucedió recientemente en Madhya Pradesh, donde el partido de Modi derrocó sin lugar a dudas al Congreso después de atraer a una parte de sus diputados.

Al apoyarse en los grandes conglomerados que dominan los principales medios de comunicación, al favorecer los medios que comparten su ideología, como la de Goswami, y al inundar las redes sociales con ‘agitprop’, el BJP ha obviado en gran medida las voces críticas de la prensa. En los últimos dos meses, las nuevas leyes han reducido el nivel permitido de inversión extranjera en los medios online y han colocado a todo el sector bajo la autoridad del ministerio de radiodifusión. Las medidas parecen tener como objetivo controlar uno de los principales medios de disensión, dicen los editores de tres de los portales de noticias cada vez más populares de la India. Uno que se especializó en historias de investigación contundentes, HuffPost India, cerró el pasado 24 de noviembre.

Las regulaciones de cumplimiento con respecto a las donaciones extranjeras ya se han utilizado para cerrar decenas de miles de ONG. El ejemplo más reciente es el capítulo local de Amnistía Internacional, un grupo de defensa de los derechos humanos. En septiembre, el gobierno agregó requisitos de presentación penosos y reglas que prohíben a las organizaciones benéficas más grandes financiar a las más pequeñas.

Khaitan, profesor de derecho en Oxford, no es el único que advierte que la ventaja unilateral del BJP está cambiando sutilmente la naturaleza del juego en India. “Ya no tenemos igualdad de condiciones”, dice. “Lo que estamos consiguiendo no es un estado de partido único, pero ciertamente un Estado hegemónico”. La trayectoria se asemeja a la de otras democracias, como Hungría, Polonia y Turquía, donde la autocracia está en aumento.

Modi ahora está muy interesado en remodelar Delhi, la capital de la India, de una manera más imperial. Tras un proceso opaco y apresurado que, sin sorpresa alguna, terminó con el nombramiento del arquitecto favorito de Modi, un compañero gujarati, como diseñador jefe. Un nuevo proyecto prevé la construcción de un nuevo parlamento más amplio, lo suficientemente grande como para albergar el doble de los asientos que actualmente hay en la cámara baja. El antiguo edificio se convertirá en un “Museo de la Democracia”. Y, evidentemente, habrá una residencia y una oficina más grandes y elegantes para el propio primer ministro.

Otra señal de la dirección que está tomando Modi se puede encontrar en las diferentes “lecturas” después de su llamada telefónica de felicitación al presidente electo Joe Biden. Entre las cosas que el equipo de Biden y él habían dialogado se habló de un compromiso compartido para “fortalecer la democracia, en el país y en el extranjero”. Sin embargo, en la versión de la oficina del señor Modi esa parte quedó fuera.

© 2020 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. Desde The Economist, traducido por Jesús Buitrago bajo licencia. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com