Los Veintisiete han dado luz verde a la imposición de sanciones contrapersonalidades vinculadas conel régimen de Lukashenko en Bielorrusia, después de que Chipre retirase su veto. Nicosia había supeditado este paso a que los Veintisiete pagaran con la misma moneda a Turquía, debido a las prospecciones de gas en Ankara en el Mediterráneo Oriental. Los sancionados bielorrusos no podrán viajar a territorio europeo ya que se les exime de visado y también verán como sus bienes les son congelados.

Tras una larga discusión que se prolongo durante esta madrugada, las cancillerías europeas pulieron un texto para endurece el tono respeto a Turquía, pero que también ofrece los suficientes resquicios para el diálogo y señala posibles recompensas si Ankara cesa estas acciones. A nadie se le escapa la importancia geoestratégica del país, un vecino necesario y temido a partes iguales con los que los Veintisiete no tienen más remedio que llevarse bien, aunque también convenga enseñar las uñas de ven en cuándo.

“Nadie puede abrir una brecha entre nosotros. Esperamos que Turquía detenga sus acciones unilaterales e ilegales. Estas es una condición previa para un agenda positiva a largo plazo”, aseguró esta madrugada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen como muestra de apoyo a los dos socios europeos afectados: Grecia y Chipre.

Los Veintisiete dan dos meses a Turquía para que entre en razón y si, no cesa en sus actividades pasado este plazo, plantea posibles sanciones. “En caso de nuevas acciones unilaterales o provocaciones que infrinjan la legislación internacional, la Unión Europea utilizará todos los instrumentos y opciones a su disposición”, reza el texto consensuado de madrugada que después alude a los artículos de los tratados que estipulan los castigos internacionales.

Con la habitual parafernalia comunitaria de encuentros de madrugada y tras meses de retraso, los Veintisiete han cumplido su promesa de castigar al régimen bielorruso, aunque no al propio Lukashenko por la represión de la oposición democrática. Las cancillerías europeas no reconocen las elecciones celebradas el pasado 9 de agosto ya que consideran que no se cumplieron los estándares democráticos, pero de momento se reservan la opción de castigar al propio presidente del país, el considerado el dictador más antiguo de Europa tras 26 años en el poder. De esta forma, no se rompen completamente los puentes de diálogo con el régimen. Esta estrategia contrasta con otros países como Reino Unido, quién sí ha decidido incluir a Lukashenko entre los castigados.