El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de julio la entrega a la justicia venezolana del opositor político Rolando Figueroa después de un auto de la Audiencia Nacional de diciembre de 2019 en el que acordó la extradición solicitada por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno.

La justicia venezolana acusa a Figueroa de un presunto delito de estafa agravada en la compraventa de medicamentos. Sin embargo, el despacho Oliver Abogados, que defiende al acusado, considera que «estamos ante una evidente persecución política, camuflada bajo un delito común», un caso similar al que ha sufrido el activista político venezolano Enzo Franchini, cuya extradición fue acordada recientemente por la Audiencia Nacional.

En virtud del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Figueroa, que durante años fue funcionario de la administración venezolana y que desde 2017 reside en España, puede ser detenido por la Interpol para su extradición a Venezuela tras ser desestimado el recurso de súplica por la Audiencia Nacional de Madrid y después de ser aprobado por el Consejo de Ministros, una decisión que no ha sido publicada en el BOE.

El letrado del acusado ha solicitado esta semana la suspensión «cautelar y urgente» de la ejecución de la extradición de Figueroa en tanto se resuelva el recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales en el proceso de extradición.

Además, la defensa ha puesto en conocimiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU este caso «para advertirles de que España está autorizando una extradición de un disidente político venezolano, vulnerando sus derechos y contraviniendo las directivas que la propia Unión Europea ha lanzado en contra del régimen de Maduro».

Perseguido por activista

Figueroa salió de Venezuela en 2017. Tiene permiso de residencia por razones humanitarias y actualmente está casado con una mujer española con la que tiene dos hijos. En 2019 pidió la solicitud de asilo en España pero le fue denegada, una decisión que ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional. Precisamente, la no concesión del asilo político por parte del Ministerio de Justicia ha sido determinante para que la Audiencia Nacional acuerde la entrega de Figueroa a las autoridades chavistas, al no reconocer al demandado como un opositor político de relevancia sino como un ciudadano más.

Rolando Figueroa comenzó su carrera profesional como director general de Justicia y Cultos en el Ministerio de Interior y Justicia. Allí conoció a Mayerling Rojas, asesora jurídica de la oficina del presidente de la República con Hugo Chávez y con Maduro. Durante el tiempo que trabajaron juntos, Rojas, según Figueroa, mostró hacia él «una animadversión casi enfermiza» debido a las discrepancias políticas que ambos mantenían.

El reclamado asegura que se opuso frontalmente a peticiones de extradición arbitrarias y contrarias a las leyes nacionales que venían «sugeridas por el Fiscal General y el Presidente del Tribunal Supremo».

Finalmente, en 2007, Figueroa abandonó la función pública ante el acoso de la que era su superior. Años después se volvieron a encontrar. En 2012, Figueroa trabajaba en una empresa privada dedicada a la importación de medicamentos. A esa compañía Mayerling Rojas, su antigua jefa y en ese momento directora general de Consultoría Jurídica del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, le realizó una compra por más de 100.000 dólares en medicamentos para el cáncer. El pago se hizo pero los medicamentos no llegaron nunca.

Rojas acusó en un tuit al propietario de la empresa de ser responsable de la estafa, pero finalmente la denuncia recayó en Figueroa. Esta versión es rechazada de plano por parte del acusado, quien argumenta que él no estuvo involucrado en semejante operación y argumenta, además, que dichos medicamentos son exclusivamente distribuidos por el propio Estado venezolano. Su letrado considera que en España no sería posible un proceso penal por estafa «basado en una supuesta relación de obligaciones, sin conocer los términos de dicho acuerdo, cuándo y para qué se hizo el mismo».

En junio del 2017, Figueroa participó en manifestaciones políticas en contra del régimen de Maduro y recibió amenazas durante varios meses. El miedo que sintió ante las amenazas persistentes le empujó a salir de forma precipitada de Venezuela.

Fue su vinculación activa en las protestas lo que, según el letrado, llevó a la alta funcionaria chavista a interponer la denuncia por un presunto delito de estafa que supuestamente habría tenido lugar en 2012. Seis años después, en 2018, cuando el presunto delito estaba a punto de prescribir, la justicia venezolana contactó con las autoridades españolas para pedir la detención de Figueroa. Finalmente, en diciembre de 2018 fue arrestado por la policía española y posteriormente puesto en libertad condicional.

El letrado de Figueroa expone que ha habido irregularidades en el proceso porque las autoridades venezolanas no presentaron la documentación para la extradición del reclamado en el plazo de 40 días estipulado sino casi seis meses después. Añade que cuando esa documentación llegó, la Audiencia Nacional reabrió el caso y acordó la entrega a Venezuela del reclamado «sin valorar su condición de perseguido político», matiza el letrado Ismael Oliver.

En el escrito de súplica enviado a la Audiencia, la defensa asegura que la entrega del demandado a las autoridades de Venezuela «ponen en grave riesgo sus derechos fundamentales y su propia vida e integridad». Asímismo recuerda que la Audiencia Nacional sí ha tenido en cuenta en otras peticiones de extradición la vulneración de los Derechos Humanos en el país latinoamericano.