El «infiltrado» del cártel de Sinaloa en el Gobierno mexicano

En la corte del distrito Este de Nueva York está en marcha un proceso que puede reescribir la historia actual de México. Las audiencias contra Genaro García Luna, ministro de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, que previsiblemente desembocarán en un mediático juicio superan en importancia al que se llevó a cabo en ese mismo juzgado contra «el Chapo Guzmán» y acabó con sentencia de cadena perpetua para el famoso narcotraficante, según varios expertos.

La Fiscalía de Estados Unidos afirma tener numerosas pruebas contra García Luna por delitos tan graves como recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de protección y traficar cocaína. Hasta el momento es lo más cerca que ha estado la Justicia del gran elefante en la habitación: la vinculación directa entre el crimen organizado y la autoridad política mexicana al más alto nivel.

El nombre de García Luna saltó a la palestra durante el juicio contra «el Chapo». Uno de los testigos, Jesús «El Rey» Zambada indicó que había entregado cerca de ocho millones de dólares al funcionario mexicano. «Personalmente entregué tres millones de dólares a Genaro García Luna (en 2005) y en una segunda reunión (en 2006) alrededor de cinco millones de dólares», dijo en noviembre de 2018 en la Corte Federal de Brooklyn. El pago se hizo por mandato de su hermano Ismael «El Mayo» Zambada a quien la justicia de EE UU sitúa al frente del cártel de Sinaloa junto a «El Chapo», aunque nunca ha sido capturado. García Luna negó en su momento estas acusaciones.

Sin embargo, algunas pistas señalan que el Gobierno de Estados Unidos seguía los pasos de García Luna desde mucho antes. Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista «Proceso» cita documentos del Departamento de Justicia y de la agencia antidroga (DEA) que sitúan el inicio de las investigaciones cuando García Luna estaba en el cargo de Secretario de Seguridad Pública (2006-2012). Según estos informes el cártel de Sinaloa se valía de la corrupción de funcionarios en activo para obtener paso seguro a sus cargamentos, informes sensibles de inteligencia e información sobre agrupaciones rivales.

Máximo responsable de seguridad

Como miembro del Gabinete de Calderón, García Luna era el máximo responsable de seguridad en el país y tenía acceso a la información más sensible a los dos lados de la frontera. Desde 2010 formó parte de un grupo especial dedicado a la caza de grandes capos liderado por las agencias de inteligencia de EE UU –CIA y DEA, llamado Grupo Bilateral de Trabajo México – Estados Unidos para Objetivos de Alto Valor, según detalla un documento de la Administración del expresidente Barack Obama publicado por el diario «Milenio».

García Luna fue la mano derecha de Calderón y el arquitecto de la llamada «guerra contra el narco», el uso masivo del Ejército contra el crimen organizado que agitó el avispero de la violencia y ha provocado, desde 2006, cerca de 300.000 muertos en México. Antes fue el director de la poderosa Agencia de Investigación Federal (AIF) (2001-2005), puesto al que llegó después de varios ascensos desde su ingreso en los servicios secretos mexicanos (CISEN) en 1989.

Según Anabel Hernández, que ha publicado media docena de libros sobre crimen organizado, García Luna es una figura más importante que «El Chapo» para entender la narcopolítica en México porque es un hombre del «establishment» que fue creado y alimentado para hacer el trabajo sucio, porque en estos sistemas como el mexicano siempre se necesita gente dispuesta a mancharse las manos».

El 9 de diciembre fue detenido en Texas y trasladado a Nueva York, donde los fiscales le han avasallado con cargos que, de ser acreditados por un juez, conllevan penas de entre diez años de prisión y cadena perpetua. Lo acusan de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa y de conspiración para traficar cocaína y advierten que cuenta con montones de pruebas que lo acreditan: registros financieros que demuestran que García Luna amasó una fortuna «inconsistente con el sueldo de un funcionario en México».