En el ojo del huracán en Venezuela está Álex Saab, señalado como uno de los empresarios chavistas interesados en comprar voluntades en la oposición y la empresa Salva Foods 2015, a la que algunos parlamentarios enviaron cartas elogiosas por acuerdo con quien figura como propietario, Carlos Lizcano.

Salva Foods 2015 es la dueña de las Tiendas CLAP, un negocio de supermercados que usa el nombre de un programa estatal de alimentos y heredó toda una red pública de locales del Estado que se llamaron Abastos Bicentenario para operar. La compañía se creó apenas meses antes de que Nicolás Maduro anunciara su intención de privatizar dichos comercios.

Aunque Álex Saab no es formalmente el propietario de Salva Foods 2015, el registro de la empresa mostraba una dirección física y fiscal en Caracas que antes usó Group Grand Limited, perteneciente a Saab, y antes el Fondo Global de Construcción con el que el empresario colombiano ha hecho negocios con el Gobierno chavista desde 2011. Además, comparten proveedores en México.

Por si fuera poco, una gerente de Salva Foods 2015, Betsy Mata, figura como representante legal de Mulberry Proje Yatirim, una empresa creada en Turquía para importar alimentos a Venezuela con contratos públicos y que obtuvo una «cesión de derechos» del contrato que el Estado había firmado con Group Grand Limited de Saab.

Salva Foods 2015 señaló locales estatales entre los logares donde instalaría Tiendas CLAP incluso antes de que fuesen publicados los decretos de licitación por parte del Gobierno venezolano en 2017, y antes de que entraran en vigencia, denotando tener información privilegiada al respecto.

La investigación sobre la presunta corrupción asociada a los CLAP comenzó en 2017 en el Parlamento venezolano. No obstante, en 2018 están fechadas unas cartas con autenticidad incierta que absuelven de irregularidades a Saab, firmadas por diputados opositores. El presidente de la instancia ha negado que el documento sea legítimo. Además, las misivas no pasaron por el registro de la comisión.

Saab es un empresario colombiano que usó una sociedad mercantil en Hong Kong para exportar alimentos a Venezuela. Entonces, ya había negociado más de 200 millones de dólares con el Gobierno para proveer de los productos que reparte el Estado a los receptores del programa Comités Locales de Abastecimiento y Planificación (CLAP), que comenzó a operar en 2016.

Venía de ser un constructor consentido con contratos jugosos y a través de la compañía Group Grand Limited entró en el negocio de los alimentos subsidiados, aunque en Venezuela no estaba incluida en el Registro Nacional de Contratistas. Entonces, vendió al Gobierno alimentos importados de baja calidad y alta factura. Por ejemplo,, un análisis físico químico determinó que la leche mexicana importada no cumplía los estándares nutricionales.