Comienza el proceso contra Chirac con la ausencia del expresidente francés

La salud de Chirac, primer ex jefe de Estado reclamado por la Justicia, es la principal cuestión que debe abordar el Tribunal Correccional de la capital gala, en un proceso que examina hechos acaecidos hace dos décadas y que ya fue aplazado el pasado marzo.

"Es evidente que un juicio que se celebre con la ausencia de Chirac pierde gran parte de su interés, pero en la medida que él mismo lo desea, no puedo más que aceptar la libre decisión del Tribunal", afirmó uno de sus abogados, Georges Kiejman, a su llegada al Palacio de Justicia.

La clase política no duda de la enfermedad del expresidente, del que se han visto este verano diversas fotografías que testificaban su mermado estado, pero desea pese a todo que el juicio, previsto hasta el próximo 23 de septiembre, tenga lugar.

"Lo esencial para nosotros es que el proceso se celebre", afirmó hoy el portavoz del Partido Socialista (PS), Benoît Hamon, no sin reconocer que la ley prevé que el juez pueda considerar esa incapacidad certificada por un informe médico.

El secretario general de la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), Jean François Copé, añadió en la emisora France Inter que el propio Chirac ha manifestado su deseo de que el juicio prosiga, pese a que posteriormente "razones médicas han conducido a decir que no está en condiciones".

El informe presentado el pasado viernes y elaborado a petición de la esposa y la hija de Chirac, precisa que los problemas neurológicos detectados y evidentes desde hace meses son consecuencia de una anosognosia que acarrea pérdidas de memoria.

El Tribunal tiene ante sí la disyuntiva de aceptar la demanda de Chirac y continuar el juicio sin él tras haberle dispensado de comparecer, o posponerlo y encargar un nuevo peritaje de la salud del ex jefe del Estado de Francia entre 1995 y 2007 para confirmar ese documento.

Por ese presunto caso de malversación de fondos y abuso de poder en la etapa en la que Chirac fue alcalde de París, entre 1977 y 1995, el expresidente, de 79 años de edad, podría ser condenado hasta a diez años de prisión y a una multa de 150.000 euros.