Castilla y León

Caja Madrid controlará el 52% del nuevo SIP

Las entidades piden 4.465 millones al FROB para completar la fusión

PULSE EN «DOCUMENTO» PARA DESPLEGAR EL GRÁFICO
PULSE EN «DOCUMENTO» PARA DESPLEGAR EL GRÁFICOlarazon

MADRID- La «fusión virtual» liderada por Caja Madrid dio ayer un importante paso adelante con la aprobación por parte de los consejos de administración de la entidad madrileña y de Bancaja, Caja Insular, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja del protocolo de integración del nuevo Sistema Institucional de Protección (SIP), que fue remitido ayer mismo al Banco de España.El nuevo grupo, que contará con unos activos de 340.000 millones de euros, ha pedido 4.465 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) justo un día antes de que se cumpliera el plazo dado por el regulador para solicitar las ayudas.Las siete cajas integradas en el SIP han acordado ya el peso que tendrá cada una sobre la base de su valoración individual. Así, Caja Madrid controlará el 52,06% de la nueva entidad; Bancaja, el 37,7%; Caja Insular, el 2,45%; Caixa Laietana, el 2,11%; Caja Ávila, el 2,33%; Caja Segovia, el 2,01%; y Caja Rioja, el 1,34%. Precisamente, la modesta representación que tendrán tanto Caja Ávila como Caja Segovia fue puesta en duda por la Junta de Castilla y León. Tomás Villanueva, vicepresidente regional, aseguró que ninguna de las dos tendrán prácticamente «capacidad para opinar», lo que deja entreabierto un posible veto del Ejecutivo autonómico a la fusión pese a que el Banco de España ha insistido en la necesidad de que las fusiones se guíen por criterios financieros y no políticos.Como ya era conocido, Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, estará al frente del nuevo SIP, que compartirá el cien por cien de los resultados para reforzar sus garantías, solvencia y liquidez. El vicepresidente será José Luis Olivas, presidente de Bancaja.Otra de las fusiones en marcha, la de Caixa Galicia y Caixanova, dio ayer otro importante paso adelante con la aprobación del plan económico de integración. La nueva entidad, que pedirá unos 1.170 millones al FROB, supondrá el cierre de 250 oficinas y unas 1.000 prejubilaciones, según informa Ep.