La Audiencia cifra en más de 50 los etarras con causas prescritas

MADRID- Algunos de ellos han sido juzgados y condenados por otras causas, por lo que la medida no supondría ningún cambio en su situación penitenciaria. Otros están refugiados en Venezuela o en paradero desconocido.

A raíz del «caso Tirado» –el juez sevillano sancionado con 1.500 euros por no ordenar la ejecución de la sentencia que condenaba a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, por abusos a su hija– el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) instó a la Audiencia Nacional a poner al día sus órdenes de busca y captura (algunos acumulaban más de 1.500) y las causas en vigor.

Asesinatos impunes
Los asesinatos del afiliado de UGT y militante del PSOE Germán González López, el de un agente de la Guardia Civil y de otras dos personas en octubre de 1979 están entre los que quedarán impunes a efectos judiciales. En esta ocasión, la «protección» del Gobierno venezolano del «caudillo» Chávez ha incidido notablemente, al negarse a atender los requerimientos de extradición del presunto autor de esas acciones criminales, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte. Además de los delitos de asesinato, estaba procesado por colaboración con banda armada y tenencia ilícita de armas.

Barrutiabengoa, alias «Arbe», de 54 años, perteneció a los Comandos Autónomos Anticapitalistas de ETA. Vivía con su esposa, María Ángeles Artola Echevarría, en Caracas (Venezuela), donde llegó tras ser expulsado por Francia el 2 de junio de 1984.

En mayo de 1996, la Audiencia Nacional pidió su inmediata detención como paso previo a la extradición. El arresto se produjo el día 20 de ese mes. Sin embargo, fue puesto en libertad a las pocas horas. El entonces ministro venezolano de Justicia, Henrique Meyer, afirmó que «el Gobierno de Venezuela no puede aceptar que le transfieran problemas domésticos españoles». Los recientes requerimientos al Gobierno de Chávez han sido infructuosos.
El antiguo miembro del «comando Donosti» de ETA Félix Manzanos Martínez es otro de los beneficiados. Estuvo deportado en Cabo Verde y estaba acusado de participar, entre otros, en el atentado cometido en 1981 en Oyarzun (Guipúzcoa) contra una patrulla de la Guardia Civil, en el que murió un agente.

El ex dirigente etarra Eusebio Arzallus, «Paticorto», actualmente en paradero desconocido (se le sitúa en Francia) tras un largo periodo de clandestinidad en Nicaragua, es otro de los que figuran en la lista. Histórico de ETA, formó parte del «comando Aizkoa», junto a los hermanos Domingo y Antonio Troitiño.

Entre los etarras cuya responsabilidad penal por algún atentado de los 80 se ha extinguido también figuran Pedro Pikabea Ugalde, ex integrante del «comando Adarra», y José María Bereciartúa, ex miembro del «comando Madrid». Ambos están condenados por otros asesinatos, por lo que seguirían en prisión. En idéntica situación se encuentran los etarras José Luis Urrusolo Sistiaga y José Javier Zabaleta, «Baldo», condenados a cientos de años de cárcel por su actividad terrorista.

Un etarra esgrime el anuncio de ETA para ignorar al tribunal
El primer juicio a miembros de ETA tras el comunicado de la banda criminal anunciando su renuncia «definitiva» a la violencia evidenció, una vez más, el desprecio de los terroristas hacia la Justicia, ante la que están obligados a rendir cuentas. El etarra Andoni Otegi –juzgado junto a su compañero en el «comando Argala» Óscar Zelarain (en la imagen) por un atentado con coche-bomba frente a un hotel de Fuengirola (Málaga) en junio de 2002– no dejó pasar la oportunidad para dejar patente su desprecio al tribunal con una referencia nada velada al nuevo escenario tras el último anuncio de los terroristas. Nada más comenzar la sesión, Otegi aseguró que «la Audiencia, hasta ahora, está protegiendo la opresión ejecutada en el País Vasco», para a continuación añadir que «como son tiempos en los que esto se tiene que solucionar, no reconozco al tribunal». Antes, Zelarain también dejó claro al tribunal que la cosa no iba con él. «No le doy ninguna licitud a este proceso y no voy a formar parte de él», aseguró. El fiscal Miguel Ángel Carballo pide para cada uno 146 años de cárcel y que indemnicen a los seis heridos con casi 100.000 euros.