BARCELONA- La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, abrió ayer una nueva guerra con el Gobierno y le acusó de «deslealtad institucional» por, supuestamente, no haber avisado al ejecutivo autonómico del incremento del 7,5 por ciento de los peajes de las autopistas AP-2, AP-7 y C-33 vigente desde la madrugada. «Cada viernes hay medidas que castigan a Cataluña», criticó la vicepresidenta.

La subida de los peajes que acba de entrar en vigor es consecuencia de la aplicación de la derogación del artículo 8 del Real Decreto Ley 2012, que tuvo lugar el pasado 13 de julio y por el que el Estado deja de retornar el 7 por ciento de las bonificaciones a las concesionarios. Son las compañías las que fijan el nuevo precio del peaje, siempre según los límites a los que les autoriza el Gobierno. En septiembre, volverán a subir al aplicar el nuevo IVA.

 Ante el enojo de la Generalitat, el PP catalán recordó a Ortega que el ejecutivo autonómico «ha reducido las aportaciones a bonificaciones este año de 43 millones a 16 millones». Además, apuntó el portavoz de los populares, Santi Rodríguez, «los peajes de la Generalitat siguen siendo un 176 por ciento más caros que los del Estado».

El PP denunció que el Govern quiere, con acusaciones como las de ayer, desviar la atención «de su propia e inacción e incompetencia», y recordó que los incrementos a enero de 2012 en los peajes de la Generalitat fueron del 5,4 por ciento frente al 3,2 de las autopistas estatales. Rodríguez también defendió que «en el marco de la situación actual» se están tomando medidas de contención desde todos los ámbitos. El PP incidió en que se mantiene la gratuidad de la B-30 y de los entornos de Girona y Tarragona de la AP-7.

Boicot en la barrera de Mollet
El peaje de Mollet del Vallès (Barcelona) puede sufrir al mediodía algunos problemas de congestión para quienes intenten cruzarlo para iniciar sus vacaciones o volver a casa tras el fin de semana. Y es que Solidaritat Catalana per la Independencia (SI) convocó ayer, deprisa y corriendo, la quinta jornada de protesta contra el pago de los peajes. Por este boicot de los soberanistas, las concesionarias han enviado hasta ahora más de 55.000 denuncias al Servei Català de Trànsit, de las que unas 10.000 ya han sido tramitadas. La multa por obligar al trabajador a levantar la barrera del peaje sin abonar su importe es de 100 euros.