Arde Arizona: la ley contra los «sin papeles» subleva a los hispanos

María Lindo, de 32 años, va por las tardes al Capitolio de Arizona a rezar el rosario en las vigilias que se celebran en contra de la ley SB 1070 aprobada en este estado fronterizo hace pocos días. Se gana la vida en una empaquetadora de ensaladas en Arizona, uno de los cuatro estados que hace frontera con México, junto a California, Texas y Nuevo México. «Trabajo de una de la noche a diez. Así puedo hacerme cargo de mis hijos. Llevo siete años. He venido a la vigilia porque soy indocumentada. Y tengo miedo». La medida, prevista para entrar en vigor este verano, criminaliza al irregular y obliga a los policías a comprobar la situación migratoria de todo aquel del que haya una «sospecha» razonable de que pueda estar de forma ilegal en Estados Unidos. Esto ha hecho ponerse de pie a la comunidad hispana y al resto de los inmigrantes: la tachan de racista. Si los policías preguntasen a María Lindo por su situación migratoria, tendrían que detenerla. Por eso, antes de ir a trabajar, estos días va al Capitolio para protestar por esta ley que ha generado un espinoso debate entre los defensores de la medida, que la consideran una necesidad para combatir la inmigración ilegal, y los opositores, que denuncian que es un instrumento que viola las libertades civiles e invita al racismo contra los hispanos. María Lindo es una de las 460.000 personas que está en situación irregular en Arizona. Según el Pew Hispanic Center, el 94 por ciento de las personas indocumentadas en Arizona procede de México, aunque muchos han prometido marcharse a raíz de esta ley. Además, representan el 10 por ciento de la fuerza trabajadora en este estado. «Somos de DF (por Ciudad de México). Primero, se vino mi marido y después yo. Y ahora él lleva sin trabajo desde hace siete meses por la mala situación económica. Pero en México la cosa está peor. Soy yo prácticamente la que lleva todo el dinero a casa. Tenemos tres hijos: Gabriel, de 9 años; Karen, de 5; y Ricardo, de 7 meses», explica María con el más pequeño de los niños en sus brazos. Desde la Universidad de Arizona, Aarón Enrique Almada, ha reconocido que «algunos padres de familia de estudiantes extranjeros, muchos de los cuales son superdotados, han visitado la oficina del presidente de la universidad para que sepan que por esta ley su hijo o su hija no van a regresar el semestre próximo». Según los últimos datos que maneja el Pew Hispanic Center, en 2008 había alrededor de 11,8 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, de los que el 76 por ciento son hispanos. Mientras, casi seis de cada diez, ya sean nacidos en Estados Unidos o fuera, viven con el miedo a la deportación. Y casi uno de cada diez admite que ha sido cuestionado por las autoridades debido a su condición de emigrantes. El teniente de alcalde de Phoenix, Michael Nowakowski condena que «esta ley viene de la época más racista». «Te pueden parar sólo porque tienes la piel color café. Además, si un ciudadano considera que la Policía no está haciendo bien su trabajo, esto se puede convertir en una caza de brujas. Pienso que están asustados porque ven que los hispanos son cada vez más en Arizona», admite este concejal. Sus declaraciones se confirman con los datos del Pew Hispanic Center recogidos en 2008, que estiman que el 30 por ciento de la población de este estado fronterizo es hispano. Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llenan las cocinas de los restaurantes, limpian las casas, hacen los servicios de entregas y ocupan los puestos en la construcción, entre otros trabajos callejeros. Ciudades que funcionan las 24 horas del día como Nueva York serían impensables sin ellos. Son mano de obra barata que hace cualquier cosa. Por eso, el alcalde neoyorquino Michael Bloomberg, hombre de negocios que lleva la ciudad como si fuese una gran corporación, ha manifestado que la ley de Arizona «es un suicidio nacional». El aumento de los crímenes en la línea divisoria entre Estados Unidos y México les ha convertido en diana de las quejas de los vecinos de este estado fronterizo. Están asustados por el aumento de la violencia y lo pagan con los hispanos.Mientras, la crisis y el paro estadounidense hacen muy difícil que Washington pueda justificar la necesidad de la reforma migratoria que sacaría de las sombras a millones de indocumentados. Pero los inmigrantes no callan y miran al presidente Barack Obama, que les prometió durante la campaña que iba a arreglar su situación. Ellos le creyeron. El afroamericano, hijo de inmigrante keniata, representa el sueño americano hecho realidad de cualquiera que viene a Estados Unidos en busca de una oportunidad. Aunque Obama se expresó el pasado 5 de mayo, día de celebración de los mexicanos en Estados Unidos, en contra de esta ley y recordó que «la diversidad de América es nuestra fortaleza. Nuestro sistema migratorio está roto, pero no podemos ir en contra de nuestros principios fundamentales». El 5 de mayo es una tradición anual que honra el patrimonio mexicano en Estados Unidos. Miedo y miedoNicole Torres, de 29 años, voluntaria de la campaña de la reforma migratoria, admite que «la ley es ridícula». Habla español con marcado acento inglés. Y, entonces, pregunta si se puede mantener la conversación en este último idioma. «No hablo muy bien español», confiesa sonrojada a pesar de su apellido. Es la realidad de muchos hispanos: van al colegio en Estados Unidos, hablan con sus amigos en inglés y pierden el idioma en el que se ha expresado durante generaciones su familia. «Esta medida no tiene sentido. Y pone a todo el mundo en la diana», explica Nicole en clara referencia a que los agentes van a pedir la documentación a todo aquel que tenga aspecto hispano. Nicole también se muestra escéptica respecto a la reforma migratoria, a pesar de que trabaja para promoverla. «Creo que va a ser muy difícil aprobarla este año, sería fantástico poder conseguirlo, pero es complicado». Dolores Huerta, de 80 años, es más optimista y apunta que «quizá esta controvertida ley haya sido buena para recordar que tenemos que hacer la reforma migratoria. Recuerdo que en los años 70 quisieron aprobar una medida en California anti-inmigrantes. Pero lo que consiguió fue que los latinos se registrasen para votar. El hispano no participa mucho en política, pero ahora voy a trabajar para registrarlos y quizá se pueda hacer algo», pronostica esperanzada esta activista de derechos de inmigrantes en un acto en Phoenix en el parque Margaret T. Hance. Todavía faltan varias semanas para que entre en vigor la iniciativa, pero la rúbrica de la ley de la gobernadora Janice Brewer ha hecho de Arizona el epicentro del debate nacional migratorio. La Asociación de Comisarios de Arizona ha emitido un comunicado en contra de esta ley: les va a distraer de otras obligaciones que consideran más importantes y va a minar la confianza que han construido entre la comunidad inmigrante. Un agente de Policía que vigila a todo aquel que se acerca a las inmediaciones del Capitolio estos días lo explica: «Esto nos va a poner en una situación comprometida. Estamos en un momento complicado», reconoce este hombre de San Diego (California), que trabaja en Phoenix como agente de tráfico desde hace seis años. «Bueno, controlamos las carreteras, pero somos como la policía estatal», aclara sobre su trabajo. Las protestas no van a parar. Cada tarde acuden varias decenas de personas al Capitolio para manifestarse. Al filo de la medianoche, empiezan a recoger. Es cuando se dan cuenta de que quizá no tengan suficiente peso. «No viene mucha gente porque tienen miedo. Yo tengo mis papeles y me da igual. Pero hay muchas personas que irán los primeros a hacer cola el día que den la amnistía y ahora se quedan en sus casas porque tienen miedo», apunta Edgar Mendonza, de apenas 19 años.Cerca de él está Carla Urquida, que ronda los 40 años, nacida en México y ya es estadounidense: «Vine por Juárez. Y sólo tiene una explicación: el racismo. Claro, yo ahora si no tuviese mis papeles no podría regresar tampoco a Juárez (centro de lucha del narcotráfico)».El asunto aún no está claro. La gobernadora Janice Brewer ha asegurado que ningún agente de Policía interrogará a nadie por el color de su piel y añade que la ley es producto de la pasividad de la administración Obama ante los crímenes en su estado a raíz del peligro en la frontera de los «coyotes» y el narcotráfico. Un estudio de la firma conservadora Rasmussen Reports revela que el 64 por ciento de los votantes de Arizona está a favor, mientras que el 30 está en contra. Las críticas apuntan a que la republicana ha firmado esta iniciativa con la vista puesta en las elecciones primarias de su partido a gobernador, que se celebrarán en agosto. Brewer necesita un golpe de efecto. La conservadora accedió a este puesto cuando la demócrata Janet Napolitano tuvo que dimitir para acudir a Washington como secretaria de Seguridad Nacional tras el nombramiento de Obama. Ahora Brewer, sin apenas experiencia, necesita un proyecto con el que presentarse a las elecciones. Y ha encontrado en la línea dura una buena carta de presentación. Asesinatos en la fronteraPor si no había suficiente ruido, las sospechas de la muerte del ranchero Rob Krentz a manos de un traficante de drogas en su propiedad a pocos metros de la frontera no ha hecho más que calentar los ánimos. Krentz escribió varias misivas a Washington en las que solicitaba ayuda a los políticos ante el aumento del crimen en la línea que separa México de Estados Unidos. Pero jamás obtuvo respuesta. Así, Krentz le pone nombre y apellidos a la situación que critica Brewer. También, pocos días después de que rubricase esta controvertida ley, murió asesinado un guardia fronterizo en Arizona. Phillip Greenan, taxista de profesión, cree que Estados Unidos «tiene un problema grave. Entiendo que los inmigrantes vengan aquí a buscar una oportunidad, pero con la crisis ahora no es un buen momento. La gobernadora simplemente quiere reforzar las medidas de seguridad porque la Casa Blanca no ha hecho nada. Tenemos miedo. Antes, cuando trabajaba en la construcción, tenía 200 mexicanos a mi cargo. Reconozco que son buenos trabajadores, pero el problema es que, como muchos no tienen documentos, no protestan cuando tienen que hacerlo. Y esto también perjudica a los estadounidenses porque van perdiendo poco a poco sus derechos», recuerda. La medida no sólo ha hecho levantarse a la comunidad inmigrante. También ha movilizado a los políticos, que hacen sus cálculos del peso del voto latino entre sus votantes. El alcalde de la ciudad de Boston, Thomas M. Menino, ha sido el último en añadir sus objeciones a la lista de críticas a la misma ley. Ha anunciado que cancelará los contratos con las empresas de Arizona. Desde el ayuntamiento de Phoenix, Luis Arellano admite que «todavía hablamos con otras ciudades porque no queremos que nos boicoteen. Eso podría hacernos mucho daño».La fraternal afroamericana Alpha Phi Alpha ha optado por trasladar su convención de Phoenix a Las Vegas (Nevada) como reacción a esta ley.

Un taxista, de origen hindú, explica: «A mí ya me han fastidiado el negocio. Las convenciones traen gente que utiliza mucho el taxi y no le importa pagar lo que sea para que les llevemos de un sitio a otro». La Asociación de la Liga de Béisbol, donde es más que notable la presencia hispana, también ha condenado dicha ley. Almada apunta que «estos boicots nos enseñan el poder económico de la comunidad latina en particular y el inmigrante en general». Que se toquen los deportes sí que alarma a la población. Un vecino de Arizona, que acaba de llegar de viaje de Filipinas, reconoce que «a ver qué va a ocurrir ahora con el béisbol. Yo nací aquí, pero este país es de inmigrantes».