Torrijos cuestiona la autonomía de la juez al imputarlo «ahora precisamente»

SEVILLA- «Tras años soportando juicios paralelos, ahora precisamente se me imputa». El primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, lanzó esta ofensiva contra Alaya el día después de conocerse su implicación en el «caso Mercasevilla» por la supuesta venta fraudulenta de suelo, en la que participó, según la juez, de forma «activa». Desde el respeto y la «plena confianza» en la Justicia pero insinuando que la juez Mercedes Alaya ha escogido este momento para imputarlo por la cercanía –sólo 43 días–de las elecciones municipales. «Durante meses se ha estado especulando con la posibilidad de que acudiera a declarar como testigo o como imputado, y su señoría se ha inclinado por la imputación. Quiero pensar que es para garantizar todos mis derechos constitucionales», deslizó.
Aunque en un primer momento quiso reservarse su opinión sobre la posible intencionalidad de la fecha en la que se emitió el auto, su declaración estuvo salpicada de «dardos» contra la instructora del caso.
De aplicarse el manifiesto que también ayer suscribió en Madrid la dirección federal de su partido, la imputación de Torrijos implicaría su salida «cautelar» de la candidatura de IU a la Alcaldía. La urgencia de la convocatoria le impidió firmar personalmente el decálogo, como tenía previsto, y en representación de su grupo municipal acudió el portavoz adjunto, José Manuel García.
«No voy a dimitir porque confío en que no he actuado irregularmente en ningún momento», argumentó el primer teniente de alcalde, que mostró, paradójicamente, su total adhesión al «Compromiso Ético por la Regeneración Democrática» de su formación. Su negativa a cesar en sus cargos se basa en que la causa «no entra en ninguno de los casos reflejados en el manifiesto», pese a reconocer que desconocía el delito que se le imputa –«a esta hora no he recibido notificación alguna», admitió–. «Es un código ético contra corruptos y yo simplemente me dediqué a defender los principios de IU, como siempre hago» actuando, según dijo, «contra la especulación y a favor de la vivienda a un precio justo».
El documento recoge que los candidatos imputados por delitos urbanísticos o políticos deberán dimitir de forma «cautelar» y la implicación de Torrijos precisamente se deriva de la venta de suelo del mercado central, en la que supuestamente se favoreció a Sanma, filial de Sando. Pese a remarcar que desconocía oficialmente los motivos de su implicación, rechazó que una vez trasladados por la instructora vaya a replantearse su decisión. Su tempranera comparecencia rozó incluso el surrealismo cuando llegó a asegurar que la juez lo ha imputado sólo por convocar un concurso público, «una figura contractual perfectamente legal».
En este sentido, reiteró que «yo no he adjudicado nada personalmente, se hace en el marco del consejo de administración». Una decisión que se fraguó, como viene defendiendo desde que su nombre empezó a sonar con fuerza en el «caso Mercasevilla», «con la presencia de todos los partidos políticos. Y ninguno se opuso». No obstante, evitó pronunciarse sobre si la juez debería extender la imputación a todos los que de alguna forma participaron en la adjudicación de los terrenos que investiga el juzgado de Instrucción número 6. «No lo sé. No puedo emitir una opinión procesal sobre unos hechos que desconozco», se limitó a responder. Respecto a si su procesamiento podría perjudicar las expectativas de la coalición de izquierdas de cara a las municipales, Torrijos retomó la teoría de la campaña en su contra. «Hace ya mucho tiempo que se trabaja con múltiples iniciativas para influir en la ciudadanía y dar una imagen sesgada de IU», mantuvo.
Sobre el respaldo de su socio de Gobierno, señaló que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, se puso en contacto con él la misma tarde del jueves en términos de «afabilidad» y «solidaridad». No obstante, el regidor no le habría expresado su apoyo explícitamente aunque tampoco hubo «nada que me indique» lo contrario. Por último, consideró «legítima» la petición de dimisión por parte del PP y el PA, ya que «puede ser que crean que haya que dar el último impulso» en la precampaña para desprestigiar a IU.