Sevilla- El Juzgado de lo Social 8 ha dictado sentencia por la demanda promovida por el grueso de los prejubilados del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado en 2007 por Mercasevilla, ante la negativa de la Junta a financiar sus rentas. En su fallo, emitido el 6 de noviembre y recogido ayer por Europa Press, la citada instancia resuelve que Mercasevilla es el «único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas» y, a tal efecto, condena a la empresa a pagar diferentes cuantías en 21 de 33 casos. El Ayuntamiento, Mercasa, la Junta, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la división aseguradora del Banco Vitalicio –actualmente Generali– y la consultora Vitalia Vida son absueltos.
El ERE acordado en 2007 por el mercado central, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados. Sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción 6 por la anterior gestión del Merca y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias con cargo al conocido como «fondo de reptiles». En este ERE fue prejubilado el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado.

Aunque entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero había firmado varios documentos mostrando la «conformidad» de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, su sucesor, Daniel Rivera, resolvió que fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio». El Gobierno andaluz defiende que sobre la Junta no pesan compromisos de financiación sobre estas prejubilaciones.

El colectivo de prejubilados reclamaba los «compromisos» de pago. Esta demanda fue firmada por 34 de los 40 prejubilados. El pasado 15 de junio fue celebrada la vista oral, que contó con el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado en las tres líneas de investigación penal que pesan sobre la empresa, y Francisco Javier Guerrero, como principales testigos.

La sentencia, susceptible de recurso se súplica ante el TSJA, zanja que Mercasevilla es «el único responsable frente a los actores en el pago de las indemnizaciones reconocidas en el ERE». La magistrada Carmen Durán argumenta que aunque la Junta autorizó e incentivó el ERE promovido en 2003 por Mercasevilla, el procedimiento y las prejubilaciones acordadas en 2007 constituyen un ERE «independiente al de 2003». La magistrada considera «irrelevante el compromiso personal» formalizado por Guerrero al carecer de «todo trámite administrativo». Mercasevilla contrajo «de forma directa y exclusiva» una «serie de obligaciones». El fallo declara los conceptos ya abonados a través de préstamos y anticipos que suplían el vacío de financiación del ERE y, en función de las cuantías ya cobradas y con el tope del 31 de diciembre de 2010, condena a Mercasevilla a abonar a 21 de los demandantes indemnizaciones entre los 0,18 euros y los 3.102 euros. En el resto de los casos, las cuantías libradas en concepto de préstamo o anticipo satisfacen ya la indemnización.