Gobierno y PP se unen contra el uso del burka

MADRID/BARCELONA- Primero fue el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el que se pronunció a favor de prohibir el burka en las administraciones públicas y en el trabajo. Y ayer se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. «Es un símbolo de sumisión que no debe ser autorizado en la sociedad occidental», dijo. Una mujer que está sometida a su padre o a su marido, «no tiene cabida en nuestra sociedad». Más aún, explicó que España «ha conseguido que la Ley nos dé los mismos derechos a hombres y mujeres». Así que, «quienes quieran venir tienen que reconocer la igualdad».

Pero si hay un sitio donde la prohibición puede prosperar es en Lérida. Su alcalde, Ángel Ros (PSC), ya se ha posicionado en contra del burka y el 28 de mayo se debatirá en el Consistorio una moción de CiU, que lo solicita expresamente.

Ayer fue el Ayuntamiento de Barcelona el que tumbó en la comisión de Cultura, Educación y Bienestar Social la propuesta del grupo popular de prohibir el burka. «Las personas inmigradas y que viven en Barcelona han de respetar los principios y valores de nuestro marco de convivencia», dijo la portavoz del grupo municipal popular, Ángeles Esteller. A pesar de que todos los grupos se mostraron contrarios al burka, consideraron que precisa de «un debate más amplio que una mera prohibición». De momento, el comisionado para la inmigración del consistorio pedirá un informe a los servicios jurídicos para determinar quien es la autoridad que debe regularlo.

La Iglesia católica, que sí apoyó el uso del hiyab en la escuela cuando salió a la luz el caso de la joven Najwa, de Pozuelo (Madrid), en el caso del burka mantiene una postura distinta. El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, cree que «dificulta la convivencia». Por eso opina que «son las autoridades las que tienen que decidir».

La comunidad musulmana en España, que cuenta con más de millón y medio de seguidores, asiste perpleja a la polvareda que está empezando a levantar esta prenda que «responde a una costumbre, no a una prescripción religiosa», dice Mansur Escudero, presidente de la Junta Islámica de España. «Me parece extravagante que dentro de nuestro contexto cultural haya quien lo lleve, pero considero que el debate es inútil y no se debe regular porque la incidencia es mínima y puede despertar reacciones de homofoblia y victimismo entre los musulmanes». Si hay quien lo lleva como un símbolo religioso «hay que respetarlo, porque es un derecho constitucional», añadió.