El dos de marzo de 2010, el tribunal formado por Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel condenó al ex portavoz batasuno Arnaldo Otegi a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por un delito de enaltecimiento terrorismo, por su participación en julio de 2005 en el homenaje al etarra José María Sagarduy, «Gatza». El Supremo ordenó que se repitiese el juicio con otro magistrados el entender que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, incurrió en parcialidad.

Ayer, el tribunal compuesto para juzgarle de nuevo, Javier Gómez Bermúdez, Paloma González y Nicolás Poveda, llegó a una conclusión completamente diferente sobre los mismos hechos y concluyó que Otegi no delinquió por su intervención en el citado homenaje a Sagarduy, por lo que absolvió el ex dirigente batasuno.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Paloma González, parte de que Otegi no tuvo intervención «alguna» en la preparación, contenido y publicación del acto. Sin embargo, el eje central de la resolución lo constituye el verificar que los hechos objeto de acusación «no se corresponden con el contenido del discurso utilizado como prueba». En concreto, la Sala alude a que las acusaciones solicitaron la incorporación del vídeo del acto y el visionado del mismo refleja que las manifestaciones de Otegi en ese homenaje al aterra Sagarduy no se corresponden con las citas textuales periodísticas que figuran en los escritos de acusación.

Por ello, tras analizar el contenido de la participación de Otegi, el tribunal destaca que éste lo que hizo fue comparar a Nelson Mandela con el etarra Sagarduy, quien entonces permanecía en prisión, y la situación que vivía Sudáfrica en esa época y la actual del País Vasco. De las manifestaciones que se desprenden del contenido de la grabación «no puede llegarse a la conclusión de que el símil efectuado englobe y aglutine, por sí mismo, el requisito de la alabanza» que se exige» para considerarlo enaltecimiento terrorista. Y, además, tampoco se puede deducir que Otegi pretendiese «ensalzar las actividades terroristas de Sagarduy, sino sólo denunciar lo que consideró que era una legislación y una política penitenciaria injustas».