MADRID- La reforma de la Administración Pública que prepara el Gobierno se llevará por delante a las entidades y organismos públicos que no sean útiles o que resulten demasiados caros para el bolsillo del ciudadano, según prometió ayer el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Un objetivo ambicioso para el que Rajoy cuenta con la ayuda del Consejo de Estado por ser un proceso «delicado» que exige tener visión de futuro y saber valorar cuáles serán las necesidades de nuestro modelo autonómico.

Rajoy asistió ayer a la toma de posesión de José Manuel Romay Beccaría como nuevo presidente del Consejo de Estado, un acto protocolario en el que trazó las líneas generales de la reforma de las Administraciones que llevó en su programa electoral y que ratificó en su discurso de investidura. En ella está trabajando ya el Gobierno con la intención de poder aprobar las primeras decisiones este mes de mayo.

«Hay que repensar y evaluar la estructuración adecuada de los servicios públicos», defendió Rajoy ante su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, consejero vitalicio.
El cambio en el modelo autonómico que prepara el Gobierno no supondrá «desandar» lo ya avanzado, precisó Rajoy para calmar suspicacias, sobre todo de los nacionalistas. Pero sí supondrá «repensarlo y evaluarlo» dentro del máximo consenso posible.

Para ello ya hay una negociación en marcha con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se está analizando cómo mejorar la coordinación, el reparto de competencias y la eliminación de duplicidades innecesarias.

«Los profundos cambios que exige la crisis sólo pueden hacerse desde el espíritu de concordia que ha marcado los mejores momentos de la historia de España», defendió el presidente del Gobierno, después de recordar el proyecto reformista de los constituyentes de Cádiz. Y precisamente Rajoy apeló a la Constitución como fuente de la fuerza que tiene su Gobierno para implantar una agenda reformista sobre la base de la mayoría que los ciudadanos le otorgaron en las pasadas elecciones.

Esta reforma de la Administración Pública no se agotará en un Consejo de Ministros sino que se prolongará a lo largo de la legislatura. «Tenemos que conseguir que cada Administración ejerza una competencia y que no haya una competencia que la ejerzan cuatro administraciones. Eso es ineficaz y muy costoso», defendió Rajoy.

Después de los cambios y ajustes introducidos ya en Sanidad y Educación, entre las siguientes prioridades están Justicia, dependencia y universidades. Por cierto, estos días Hacienda ultima la revisión de los planes de estabilidad presupuestaria que le han remitido las comunidades autónomas. Su intención era hacerlos públicos antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará a mediados de mes y en el que se votarán esos presupuestos y se decidirá cuáles pasan finalmente el filtro por ajustarse al déficit del 1,5 por ciento que exige la UE a las autonomías en este ejercicio.

Ayer el presidente del Gobierno volvió a defender su programa de ajustes y sus reformas con el argumento de que son medidas dirigidas a «consolidar» el Estado del Bienestar y los servicios públicos.

LA LUPA
Encuentro cordial con Zapatero
Mariano Rajoy se reencontró ayer con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Consejo de Estado. La última parte de la legislatura pasada sirvió para que los dos dejaran a un lado algunas de las profundas diferencias que les habían separado durante los años de mandato socialista, obligados por la situación de urgencia a la que se enfrentaba España. Ayer se saludaron cordialmente en la sede del Consejo de Estado. «Bien, él está ahora en una posición muy distinta, está más tranquilo. Y yo, pues menos tranquilo», comentó informalmente Rajoy sobre su conversación con su antecesor en el cargo.