La Audiencia dejó ir a Francia a cruzar a su perra a una acusada de ayudar a ETA

 Intxaurraga tiene prohibido salir de España sin permiso judicial desde que abandonó la cárcel, a principios de mayo de 2004, tras depositar 30.000 euros de fianza, tal como reclamó la Fiscalía en su dictamen de apoyo a la petición de libertad provisional. Además, la Audiencia le impuso comparecencias periódicas semanales ante el juzgado más próximo a su domicilio, para garantizar su presencia en el macrojuicio. Intxaurraga ingresó en prisión el 3 de mayo de 2002, por lo que ha estado privada de libertad dos años.

La representación legal de la procesada remitió su petición de poder trasladarse a Francia a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal el pasado 8 de marzo. En la misma solicitaba autorización para desplazarse al criadero canino Chemin de Randonnees de la localidad francesa Ste-Cérotte los días 13 y 27 de marzo (los viajes, especifica, se realizarían en el mismo día) para llevar a su perra «para cruzarla», ya que, se esgrimía al respecto, «como se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones –argumenta el procurador– mi representada cría perros de competición».

Mediante posterior escrito, la fecha de recogida del animal se fijó el 1 de abril. «Le han llamado del criadero Chemin de Randonnees –esgrimió su representación legal en una instancia del 9 de marzo– y le han comentado que debe ir a buscar su perra el 1 de abril en vez del 27 de marzo».

La Fiscalía, en un escrito fechado el 16 de marzo, no puso reparos a la autorización, al contrario que las acusaciones populares –Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ)–, que se opusieron a la medida solicitada.
Ese mismo día, la AVT rechazó la solicitud «en atención a la situación procesal actual del procedimiento» y «a las penas que llevan aparejadas los delitos objeto de imputación, de lo que se desprende que si se autoriza la salida del territorio podría acrecentarse un serio riesgo de fuga».

Cumplió con las medidas
Finalmente –una vez recibidos los informes de la Fiscalía y de las acusaciones– la Sección Segunda de lo Penal autorizó el traslado a Francia en las fechas indicadas, aunque recordó a la procesada que su obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado más próximo a su domicilio seguía vigente. Al mismo tiempo, le obligó a comunicar su regreso a España al día siguiente, el 2 de abril. La procesada cumplió todas las medidas impuestas por la Audiencia Nacional tras su viaje relámpago al país vecino.

Intxaurraga fue detenida en Navarra el 29 de abril de 2002 por orden del juez Baltasar Garzón, en lo que supuso el mayor golpe policial contra el brazo político de ETA. El magistrado ordenó su ingreso en prisión el 3 de mayo. Dos años después, abandonó la cárcel tras abonar la fianza impuesta por el juez, que procesó a Intxaurraga el 25 de enero de 2005 junto a otras 35 personas (que posteriormente se elevarían a 40), entre ellas los dirigentes batasunos Rufi Etxebarria, Karmelo Landa y el ya fallecido Jon Idigoras, a los que después se sumarían Arnaldo Otegi (el único que permanece en prisión por esta causa), Joseba Permach y Joseba Álvarez.

En el sumario de Batasuna Garzón investigó durante seis años la financiación de ETA a través de las herriko tabernas (locales sociales de la formación ilegalizada). El juicio, que no está fijado todavía, se celebrará previsiblemente en otoño del próximo año.