Uruguay propone control estatal sobre producción y distribución de marihuana

El Gobierno uruguayo anunció hoy su intención de que el Estado asuma un control "estricto"sobre la producción y la distribución de la marihuana para contrarrestar el consumo de pasta base de cocaína, una droga más dura y adictiva, asociada al aumento de la delincuencia juvenil.

Así lo anunció el ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, al presentar en rueda de prensa junto con otros colegas del gabinete un paquete de 15 medidas para combatir la inseguridad en las calles que el Ejecutivo pretende compartir con la opinión pública para generar un debate nacional antes de aprobarlas.

Para justificar la postura del Ejecutivo, Fernández Huidobro explicó que el consumo de marihuana abarca un universo aproximado de 300.000 personas que declaran haberla consumido alguna vez, es decir, cerca del 10 por ciento de los 3,3 millones de uruguayos.

Los consumidores habituales son entre 127.000 a 150.000, de los cuales el 45 por ciento son jóvenes y muchos de ellos adolescentes.

Según el ministro, el Gobierno ha tenido en cuenta los tratados internacionales suscritos por Uruguay, las relaciones con sus vecinos y "los temas diplomáticos que hay que tener en cuenta para un paso de esta naturaleza, hasta que la legalización de esta droga sea internacional".

También los dos proyectos de ley que desde el año pasado están en análisis en el Parlamento para despenalizar el cultivo de esa droga, una vía que al Gobierno no le parece la más conveniente.

"Nos inclinamos más por el control estricto del Estado de la distribución y producción de esta droga", aclaró Fernández Huidobro, para el que Uruguay tiene que "tomar esta medida para no afectar a los países vecinos ni ser acusado de ser un centro de producción"de marihuana, en caso de aprobarse alguno de esos dos proyectos de ley.

La meta final de la medida, cuyos alcances concretos no detallaron los ministros pese a la insistencia de la prensa, es combatir el consumo traumático de drogas y el narcotráfico.

"Pensamos que la prohibición de ciertas drogas le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma, como es visible en países vecinos y no tan vecinos".

Entre esas naciones citó a México, Honduras, Nicaragua, Colombia y Ecuador.
"Percibimos en Uruguay el comienzo de un tránsito hacia esa realidad", como por ejemplo con la aparición de los primeros casos de ajustes de cuentas entre bandas, agregó.

Además, anunció que "va a ser política exterior del Uruguay la lucha por la legalización", que atribuyó a una "errónea decisión"del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, por declarar "una guerra que ha sido ganada por los narcos".

La medida fue cuestionada por la oposición, que considera que solo agravaría el consumo de estupefacientes o que es una forma errónea de atacar el problema de la inseguridad.

El opositor Partido Colorado, con el apoyo de algunos miembros del también opositor Partido Nacional, presentó este año unas 367.000 firmas al Parlamento para convocar a un referéndum con el que pretende bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años como medida contra la delincuencia juvenil.

Según un estudio realizado por las Naciones Unidas en 2010 casi 1 de cada 4 delitos cometidos por adolescentes recluidos en centros se menores en Uruguay estuvieron vinculados al consumo de alcohol o droga, o se cometieron para comprarlos.