«Sin chatarra estamos obligados a robar»

Esta norma no permite la recogida ni el transporte de ningún producto férreo porque se entiende que son de propiedad municipal al estar en la vía pública. Además, los vendedores deberán obtener una licencia de técnico transportista de residuos sólidos urbanos no peligrosos y convertirse en autónomos, con el pago del Impuesto de Actividades Económicas que implica.

La marcha, que trascurrió entre las madrileñas plazas de Cibeles y Sol, fue secundada por 250 chatarreros, que portaron pancartas en las que podían leerse lemas como: «Con la ley de reciclaje, nos hacéis pagar un peaje», «Ley canalla, al gitano no le callas» o «Dejarnos trabajar, chatarrear no hace ningún mal». La manifestación estuvo aderezada con una imagen que podría dejar de verse en un futuro no muy lejano: la de personas con un carrito de la compra portando viejos trozos de metales como hierro y cobre.

Lisardo Hernández, portavoz de la Plataforma de Chatarreros de la Comunidad de Madrid, ha leído un manifiesto en el que ha pedido al Gobierno de Esperanza Aguirre que «ralentice en la medida de lo posible la aplicación autonómica de esta ley estatal» y ha solicitado a las fuerzas de seguridad que «no inicien una caza de brujas» contra su colectivo». También ha exigido a la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que «derogue esta ley», pues la situación los va a conducir a «los humilladeros de la sociedad».

Madrid estudiará la situación
El propio Hernández ha recordado que gracias al negocio de la chatarra sobreviven entre 3.000 y 5.000 familias, por lo que ha señalado que llegarán hasta el final en su lucha: «Si es preciso acamparemos enfrente del Ministerio». La repercusión de esta movilización ha tenido bastante fuerza y los organizadores no descartan que se produzcan marchas similares en otras provincias.
Las reivindicaciones han tenido una rápida respuesta por parte de los órganos gubernamentales. Así, la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, ha señalado que van a analizar «cuáles son las peticiones que establecen, en qué términos y cuál es el margen de maniobra que puede tener la Comunidad de Madrid». No obstante, ha admitido que «en caso de tener esa flexibilidad de actuación, habrá que ver qué otras posibilidades hay para que no afecten a otros colectivos».

Fuentes del Ministerio de Sanidad afirmaron a LA RAZÓN que esta normativa se aplica «en cumplimento de una directiva de la unión europea». Por ello, «su aplicación y desarrollo corresponde a las comunidades autónomas y a las entidades locales, en función de sus respectivas competencias». De hecho, dice el texto aprobado en el Congreso de los Diputados, los ayuntamientos podrán «establecer a través de sus ordenanzas las condiciones para la entrega de los residuos» cuya gestión han asumido.

«La ley anterior, de 1998, ya estipulaba que todos los residuos que se depositaban en la vía pública eran propiedad del gestor, en este caso de los ayuntamientos», afirma a este diario Julio Barea, responsable de contaminación de Greenpeace en España. La ONG ecologista respeta y considera lícita la manifestación convocada por la plataforma, pero reitera que, «en lo que se refiere a ese epífrage, le ley no ha cambiado», si bien la recogida de chatarra «se ha estado permitiendo hasta ahora». «Con la ley en la mano, ningún ciudadano puede llevarse ni siquiera un cartón en la calle», añade.

Barea destaca que, con la subida del precio del papel reciclado, no es extraño ver durante estas últimas semanas a gente que se lleva el papel de los contenedores.


«Marcaje» de Interior
El Ministerio del Interior publicó en julio una resolución en la que obliga a los establecimientos dedicados al comercio al por mayor de chatarra a poseer un libro de registro con sus operaciones. ¿El motivo? Atajar el aumento de robos de hilo de cobre.