Ha pasado casi desapercibida la absolución «de todas las acusaciones» a la atleta palentina Marta Domínguez, campeona del mundo en tres mil metros obstáculos y acusada de traficar con anabolizantes, esteroides, EPO y bolsas de sangre. Las imputaciones, según parece, se han diluido tras el análisis de ciertas ampollas que le fueron incautadas y que han dado negativo en los controles.

No tengo nada ni a favor ni en contra de Marta Domínguez, pero me parece grave que se llegue a imputar en delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales a una persona sin que se hayan realizado mínimas comprobaciones. Y más grave aún el martirio público a que se la sometió, condenándola a la «pena de telediario» al presentarla ante las cámaras televisivas y en toda la prensa como culpable. Un modo de proceder bajo mi punto de vista innecesario puesto que la imputación definitiva dependía de una simple analítica. ¿No habría sido más razonable realizar esa prueba antes de someterla al paseíllo de la deshonra haciéndola aparecer reiteradamente en TV como persona imputada? En este caso, además, con el agravante de que estaba embarazada, con riesgo de problemas para el feto por las secuelas físicas y psicológicas que tales situaciones arrastran.

No se trata de un tema menor. En España se ha instalado un modo de proceder policial y judicial preocupante. A Marta se la podía haber interrogado sin necesidad de hacerlo público hasta que no estuviera clara su imputación. Nos habríamos evitado la condena mediatica previa y someterla a un vía crucis que, por lo que se ve ahora, ha sido de todo menos justo. Tal manera de actuar debería ser desterrada. Pero no parece que vayamos por ahí, sino al contrario. Se organizan con frecuencia macroperaciones con detenidos que son esposados y exhibidos como delincuentes confesos y condenados. Igual resulta que muchos de ellos lo son, y en ese caso está justificada la publicidad. El problema es cuando se perjudica a personas que son inocentes. En el famoso «caso del lino», el juez Garzón llegó a imputar hasta 60 personas. Todas ellas fueron posteriormente absueltas por la Audiencia Nacional, primero, y por el Tribunal Supremo, después. Pero el sambenito de la corrupción les ha acompañado a muchos durante los ocho años que duró el procedimiento. Loyola de Palacio y Carlos Moro se lo llevaron a la tumba, y sólo después ha quedado esclarecida su inocencia.

A Marta Domínguez no hubiera sido necesario condenarla a la pena de telediario si las cosas se hubiesen hecho bien, sin necesidad de airear los interrogatorios hasta que no estuviera clara la imputación. ¿O es que como es militante del PP había que hacerlo de esa manera? No quiero ni pensarlo, pero bien visto, estos saraos policiales nunca se ponen en marcha en los casos que afectan al PSOE, como por ejemplo el de la estafa millonaria de los ERE de Andalucía. Igual el triministro Pérez Rubalcaba puede darnos una explicación. Y de camino que nos aclare también por qué ha permitido la fuga del terrorista Troitiño. Con unos tanto y con otros tan poco.