Máxima expectación hoy en el número 3 de la madrileña calle de Fernando el Católico, la sede del despacho de abogados García Montes, uno de los bufetes que, junto al de Balfagón & Chippirrás, convocó una inesperada rueda de prensa para exponer las “irregularidades” que habían encontrado en la actuación del Cuerpo de Policía de Tailandia en el caso de Daniel Sancho. “Engañaron a Daniel Sancho en los primeros momentos de su detención”, aseguró Carmen Balfagón, toda una experta ya en comparecer ante la prensa. La letrada explicó que tanto ella como el resto del equipo han tenido acceso a pruebas documentales que demuestran que los agentes “falsificaron la declaración” del acusado que, posteriormente, le hicieron firmar.

Así mismo, manifestaron que la Policía prometió a Daniel Sancho en esas primeras horas que sería devuelto a su país si colaboraba y rubricaba los documentos que se le presentaban, una maniobra que califica de “gravísima” porque la gestión de las deportaciones corresponde al ministerio del Interior, nunca a la Policía.

Además, los representantes legales de la familia Sancho en España mantienen también que Daniel Sancho nunca confesó el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, tal y como ellos mismos han podido comprobar en las grabaciones a las que tuvieron acceso hace apenas una semana: “Lo que Daniel cuenta desde el primer momento es que la víctima le atacó y él se defendió. Se ganaron su confianza y lo utilizaron para hacerle firmar unas declaraciones que él nunca ha realizado”.

Incluso restan valor a las grabaciones de la reconstrucción de los hechos que se llevó a cabo en su alojamiento en Tailandia, en la que Sancho ofrece detalles -algunos muy desagradables- sobre cómo se produjo la muerte de Arrieta. Balfagón califica esa recreación de “esperpéntica” y cuestiona hasta qué punto puede ser fiable. “Ya no podemos tener la garantía de que se realizara de forma espontánea o de que no le dijeran lo que tenía que decir, sin la presencia de un abogado… No podemos fiarnos”.

Entre otras irregularidades, los letrados aseguran que a Sancho no se le leyeron sus derechos hasta que fue trasladado a la prisión de Koh Samui, y que le obligaron a firmar documentos en tailandés, sin la presencia de un intérprete y en plena calle, coaccionado por un policía conocido como “James Bond” que se ganó su confianza y que recientemente ha sido imputado en un caso de corrupción.

Con estas cartas sobre la mesa, Marcos García Montes confirmó que uno de las claves de su estrategia de defensa se centrará en demostrar “la nulidad de las actuaciones policiales al no estar refrendadas por las normativas de Derechos Humanos, declaración a la que Tailandia está adherida”.

El equipo de abogados se muestra optimista sobre la sentencia resultante del juicio contra Sancho, que comenzará el próximo 8 de abril y se extenderá, como mínimo, hasta el 3 de mayo. Insisten en que su cliente actuó en “legítima defensa” para evitar un intento de violación, y que nunca se produjo una pelea entre él y Arrieta, sino que fue la víctima quien agredió a Sancho, “tal y como se aprecia en el reportaje fotográfico de las heridas”. De este modo, atendiendo a la legislación tailandesa que dicen haber estudiado en profundidad, “estamos en un arco máximo, sin circunstancias atenuantes, de entre 8 y 10 años de prisión. La sección 290 del Código Penal establece que la muerte de una persona con lesiones tiene una pena de 3 a 15 años por homicidio. Si se comete con negligencia, la pena no es superior a 10 años o una multa de 20.000 bath. Todos estos hechos probados o no probados dan lugar a un homicidio imprudente, y en España incluso entraríamos en la hipótesis de un accidente que no tendría repercusión legal”. De confirmarse sus mejores previsiones en cuanto a la sentencia, calculan que “Sancho podría estar en España en tres o cuatro años”.

A pesar de las irregularidades que los abogados exponen por parte de la Policía de Tailandia, sí recalcan su plena confianza en el sistema judicial y se muestran seguros de que su cliente tendrá un juicio justo. Las autoridades pertinentes ya han sido puestas en conocimiento de estas anomalías encontradas y esperan que se tengan en cuenta a la hora del juicio. Igualmente, también valoran emprender acciones legales contra la Policía de Tailandia: “Cualquier español que se vea tratado así por una organización policial en un país extranjero, qué menos que la autoridad competente en nuestro país, Asuntos Exteriores, lo conozca, porque es algo muy grave”.