Arantxa Sánchez Vicario no gana para disgustos. Con un futuro judicial más que incierto y el peligro de una condena a prisión cerniéndose sobre su cabeza, ahora hemos conocido una noticia que no ayuda a mantener limpia su imagen como deportista laureada: el suntuoso piso de la barcelonesa Avenida Diagonal, domicilio de sus padres, ha vuelto a ser vendido con su madre como inquilina.

Marisa Vicario disfruta de un usufructo vitalicio que suscribió con su hija cuando el inmueble le pertenecía; fue para poner paz a una guerra abierta por la tenista contra su padre y su hermano Javier y varios asesores de su etapa deportiva. Arantxa les permitiría vivir en él hasta el fin de sus días. Sin embargo, junto con su marido, Josep Santacana, Arantxa se deshizo de todo su patrimonio patrio.

Este piso en concreto fue vendido en primera instancia por una de las muchas sociedades que la tenista estableció para gestionar sus inmuebles. Era septiembre de 2016. Para entonces, el Banco de Luxemburgo ya había interpuesto una querella criminal contra Arantxa y Santacana por un posible delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible. La entidad de crédito venía reclamándole a la tenista el pago del aval que canceló su deuda con Hacienda, originalmente de 5,2 millones pero que en febrero de 2018, fecha de ampliación de la querella para culpar también a Santacana, alcanzaba los 7,5 millones de euros.

Los intereses corrían a mucha velocidad. Desde la primera demanda por parte del BDL, en 2010, hasta hoy, la tenista solo ha pagado poco más de un millón de los más de siete que llegó a deber, por lo que la deuda asciende en la actualidad a 6.170.942,35 euros. En noviembre pasado, según publica «La Vanguardia», el suntuoso piso de la Diagonal fue vendido de nuevo a otra sociedad ajena a la tenista, con la matriarca Marisa como inquilina vitalicia.

Este invierno promete ser muy complicado para Arantxa. A comienzos de julio, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Barcelona dictó apertura de juicio oral contra Arantxa y Santacana y es de prever que la vista se celebre a finales de año o comienzos de 2022. La pareja se enfrentará a una petición de cuatro años de prisión y el uno contra el otro. Dado que la Audiencia de Barcelona declaró incompetente a la justicia española para resolver su divorcio en nuestro país –deberá dirimirse en Miami (EE. UU.), donde viven.