El defenestrado hijo de Isabel II, el príncipe Andrés, vio muy reducida su presencia pública tras su polémica entrevista concedida para lavar su imagen con respecto a su posible, y después demostrada, relación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein y la posterior resolución de una demanda por abuso sexual presentada por una de sus presuntas víctimas, Virginia Giuffre. La joven acusaba al duque de York de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. Una demanda que se saldó con una cantidad pactada (14 millones de euros) que en un principio hizo pensar que saldría del dinero público y que finalmente se pagó con dinero procedente de las cuentas privadas de la reina y de Carlos de Inglaterra.

Su mandato como embajador comercial de Reino Unido para promover los intereses británicos, antes de ser apartado de La Firma y de ser despojado de sus títulos oficiales, están ahora en entredicho después de que el biógrafo Andrew Lownie solicitara acceder a la información sobre cómo el príncipe utilizó ese dinero.

Lownie, que ha escrito varios libros sobre los Windsor, incluida unas biografías sobre el rey Eduardo VIII y Lord Mountbatten, así como del espía soviético Guy Burgess, ha basado muchos de sus libros en información procedente de documentos clasificados o públicos. Para su último libro, sobre Andrés, Lownie solicitó una petición de libertad de información al Ministerio de Extranjería, Desarrollo y Commonwealth de Reino Unido, así como a su departamento de Comercio.

Su objetivo, según afirma él mismo a través de X (antes Twitter), era el de obtener información sobre el papel que Andrés desempeñó durante una década en calidad de representante especial de comercio e inversión de Reino Unido, un cargo que ocupó desde 2001 hasta que los crecientes escándalos provocaron su «huida» en 2011. «Son muchas las preguntas que quedan por resolver sobre su papel como enviado comercial, un nombramiento público sufragado por los contribuyentes», afirmó Lownie al «Daily Mail», pero las solicitudes del periodista han sido denegadas oficialmente.

El motivo tiene que ver con la normativa especial que únicamente afecta a los documentos oficiales relacionados con la familia real. La mayor parte de estos documentos estarán disponibles en los Archivos Nacionales del país una vez transcurran 20 años, salvo para la familia real británica. Según el «Times of London», el monarca (Carlos III), el heredero (príncipe William) y el segundo en la línea de sucesión al trono (príncipe George) están exentos de hacer pública sus informaciones.

En el caso de los papeles relativos a otros miembros de los Windsor, como puede ser el caso del duque de York, «permanecerán sellados hasta que transcurran 105 años desde su nacimiento», según informa el portal Tatler, lo que significa que la correspondencia oficial y la información relativa a sus viajes serán secretos hasta el año 2065.

Cambio de normativa

Una norma que Lownie, y muchos británicos, espera que el nuevo rey modifique en aras de una mayor transparencia de la institución real. «Espero que con un nuevo reinado únicamente se apliquen las exenciones pertinentes, tales como la seguridad nacional, las relaciones con otros países, la información confidencial, etcétera, además de tener en cuenta las consideraciones con respecto a la protección de datos. Los retrasos en su publicación crean un vacío que da pie a la especulación y lo fantasioso; su publicación contribuiría a restaurar la confianza en las instituciones, y no únicamente en la monarquía», ha declarado al «Telegraph».