Juicio
Ana Duato, al tribunal: "Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas"
La actriz asegura en el juicio por fraude tributario que "confiaba plenamente" en su asesor fiscal: "No me ocupaba de la parte económica"
Ana Duato, para quien la Fiscalía pide 32 años de prisión por fraude fiscal, ha defendido en el juicio del "caso Nummaria" que "confiaba plenamente" en el abogado Fernando Peña, principal acusado y responsable de sus declaraciones fiscales entre 2007 y 2013, por lo que "tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas".
La protagonista de la exitosa serie televisiva "Cuéntame cómo pasó" -que a diferencia de su compañero de reparto, Imanol Arias, se ha negado a llegar a un acuerdo con Anticorrupción a cambio de admitir el fraude tributario- ha asegurado que era ajena a los temas tributarios. "No me ocupaba de la parte económica", ha dicho antes de dejar claro que desde el primer momento ella y su marido, el productor Miguel Ángel Bernadeau, también acusado, trasladaron a Peña (para quien Anticorrupción reclama casi 300 años de prisión) que "queríamos hacer todo bajo un marco de legalidad y no tener ningún problema". Y ha recordado que cuando la Agencia Tributaria les abrió una inspección "nos dijo que no había ningún problema porque todo se había hecho perfectamente legal".
"Yo en aquella época confiaba plenamente en un asesor que todos sabemos que tenía una reputación muy considerada", ha afirmado. "Era inspector de Hacienda en excedencia, secretario de la Academia de Televisión...". Y aunque "el idioma de los fiscalistas es bastante complicado", ha asegurado que el propio Peña les transmitía "en todo momento" que todo estaba en orden respecto a sus declaraciones tributarias. Peña era, ha explicado, "una persona de total confianza", aunque con él tuvo "muy poca relación", pues apenas se vieron "cuatro o cinco veces" en el despacho Nummaria.
Fue él quien le propuso, ha dicho, la constitución de una agrupación europea de interés económico, la sociedad Gaumukh, administrada por su marido, en la que ir acumulando una renta vitalicia por la cesión durante 50 años de sus derechos. "Con este trabajo bastante inestable, con épocas que trabajas mucho y otras no, me propone guardar una cantidad para mi jubilación", ha precisado, a razón de 33.000 euros al año. Pero Hacienda consideró que esas ganancias eran rentas personales, por lo que no podían tributar como rentas vitalicias.
Guardaba "un pocito de dinero" para su jubilación
Su abogado, Enrique Molina, le ha preguntado entonces si tuvo en cuenta qué pasaría con ese dinero si fallecía antes, dado que cuando esa cesión expirase tendrá casi 90 años. "El administrador era mi marido, por lo tanto eso se quedaba ahí", ha apuntado. "Cuando guardas algo para tu jubilación, como un pocito de dinero, no piensas que vas a morir. Mi padre tiene 90 años y mi abuela murió con 100". Pero ha insistido en que ni ella ni su marido "nunca" sacaron dinero de España a través de esta sociedad.
Y en cuanto a la acusación de que no declaró 41 capítulos de "Cuéntame" entre 2014 y 2017, ha afirmado que "es imposible" y ha negado que, como mantiene el fiscal, cobrara 63.000 euros por episodio. "Las cantidades variaron mucho -ha explicado- porque fuimos reduciendo nuestro sueldo". "Cobraba lo mismo que Imanol Arias", ha precisado que ambos rodaron los mismos capítulos (entre 16 y 19 por temporada) y que ha declarado por ellos, por lo que ha calificado de "capítulos fantasma" las estimaciones de episodios que hace Anticorrupción.
"La productora acuerda una serie de capítulos con RTVE y el productor adelanta el dinero. Cuando se entregaba un capítulo, inmediatamente es auditado por RTVE, incluidos mis honorarios", ha contado para intentar explicar al tribunal que no era posible ocultar a Hacienda esos ingresos.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la actriz defraudó casi dos millones de euros entre 2010 y 2017 y le imputa siete delitos fiscales, cuatro de los cuales (los correspondientes a los ejercicios de 2014 a 2017) están en la cuerda floja después de que un nuevo informe de la Agencia Tributaria haya determinado, tras recalcular las cuotas, que en ninguna de ellas supera la barrera de los 120.000 euros que marca el límite del delito fiscal.
Un informe clave de Hacienda
La defensa de la protagonista de "Cuéntame cómo pasó" siempre ha discutido que dejara de tributar, según mantiene el fiscal, 41 capítulos de la serie de televisión. "Los peritos no revisaron los contratos con Televisión Española y dieron por sentado que cobraba 63.000 euros por capítulo, cuando no era así", se quejó su abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, en el trámite de las cuestiones previas. El letrado se quejó además de que nunca fue llamada a declarar en relación a estos cuatro delitos fiscales que le imputan, lo que generó "indefensión" a la actriz.
En cuanto a los otros tres delitos tributarios que le atribuye la Fiscalía, en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, la defensa de Ana Duato considera que los dos últimos están prescritos.
Según el escrito de acusación, gracias a la estructura empresarial creada por el abogado Fernando Peña Ana Duato y su marido "ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor respectivamente, en la serie de televisión". Hasta el año 2013, exponía Anticorrupción, esa operativa consistió en la cesión por parte de Duato de sus derechos de imagen a la sociedad Gaumukh.
En su declaración de ayer, Imanol Arias ratificó ante el tribunal el acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa con la Fiscalía, por el cual será condenado a una pena de 26 meses de cárcel, aunque evitará el ingreso en prisión al no tener antecedentes y contar con el aval del fiscal para que la pena se suspenda dos años.
Tras el acuerdo de conformidad con Anticorrupción (que inicialmente pedía para el actor una condena de 27 años de prisión), Imanol Arias será condenado a cuatro meses de prisión y al pago del 50% de las cantidades defraudadas por dos delitos fiscales en el IRPF de 2010 y 2011, y a otros seis meses de cárcel y a una multa del 60% del montante defraudado por cada uno de los tres delitos tributarios cometidos en el IRPF de 2012, 2013 y 2014.
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