La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, el tren que sufrió el trágico descarrilamiento en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013, con un saldo de 79 fallecidos, ha lanzado duras críticas contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

La asociación considera una muestra de "desprecio" hacia la seguridad de los usuarios ferroviarios y sus reclamaciones el negarse a recibirlos en una reunión, y añaden: "Pasará a la historia cómo el único ministro que no recibió a las víctimas de la mayor tragedia ferroviaria".

"En su toma de posesión el ministro dijo que su despacho está abierto. Nada más lejos de la realidad", han incidido. Un hecho que califican como un gesto de "cobardía e hipocresía" por parte del titular de Transportes, insinuando además que Puente podría estar intentando "proteger a su querido amigo Pepe Blanco", exministro de Fomento.

En un comunicado, la plataforma recuerda que en agosto solicitaron una reunión con el ministro, pero han sido informados de que Puente "se niega a recibir" a los representantes de las víctimas, a pesar de haber asegurado en su momento que su despacho estaría "abierto para todos".

Pese a la negativa, la plataforma insiste en la necesidad de una nueva investigación independiente, como lo exige la Unión Europea, y solicitan también la destitución de la actual directora de Seguridad de Adif, María Esther Mateo.

Con estas demandas, la plataforma insta a Puente a reconsiderar su postura y atender sus peticiones. Asimismo, lo señalan por no haber asumido responsabilidades políticas ni haber cesado a Mateo, quien defendió que no existían curvas peligrosas en el lugar del accidente y presentó un informe que, según la plataforma, encubría la realidad de lo ocurrido en Angrois.

"Se cumplen tres meses desde que se dictó la sentencia y se condenó a Adif. Entre otras cuestiones, la jueza dictaminó que resultaba 'incomprensible' que Adif dejase este peligroso tramo sin tan importante protección, dejando recaer toda la responsabilidad en el maquinista y 'sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad' como obligaba la legislación", concluyen.