Lo ocurrido esta semana en la Cámara Vasca cuando Julen Arzuaga expresó su «desprecio absoluto» por policías, guardias civiles y ertzainas que «hacen un lobby infecto y asqueroso» y «son los nazis que protestan porque hubo un juicio de Nuremberg», puso contra las cuerdas la negociación y posterior apoyo que Bildu acababa de dar a Sánchez en el Parlamento para sacar adelante sus seis decretos leyes.

Por mucho que el Gobierno intentara ayer desmarcarse de Otegi y su partido, es evidente que un gobierno de España no puede pactar nada con los herederos del terrorismo que no sólo no se arrepienten de sus crímenes, sino que quieren señalar como verdugos a los que defendieron la democracia incluso a costa de su vida. Por eso, Otegi no puede ser apoyo de Pedro Sánchez por mucho que él se empeñe. Y Sánchez tampoco puede apoyarse en ese partido ni negociar transferencias que ni siquiera Zapatero se atrevió a hacer.

En Moncloa vivieron un principio de semana de negociaciones con Bildu para sacar adelante los decretos de Sánchez. Y ayer, al final de ella, para intentar sofocar el incendio de Vitoria, exigían a los abertzales que pidieran perdón por los crímenes de ETA. Nunca lo harán. Pero, por mucha precampaña en la que estemos no se puede celebrar un día el éxito de la democracia–Adriana Lastra dixit– para aprobar al día siguiente con el PNV la ley de Abusos Policiales con la abstención de Bildu y Podemos, como si nada hubiera pasado.

La guinda la puso ayer la portavoz del Gobierno Isabel Celaá cuando dijo que no había nada en la ley de Abusos Policiales que equiparara a las víctimas de ETA con las de la policía. No, para eso el Gobierno ya tiene a Bildu.