Las víctimas instan a la Audiencia Nacional a ampliar seis meses más la investigación a exjefes de ETA por el atentado de Santa Pola

Los padres de Silvia Martínez Santiago, la niña asesinada por ETA en el atentado de Santa Pola en 2002 cuando tenía seis años de edad, han pedido a la Audiencia Nacional -al igual que Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)- que amplíe seis meses más la investigación a seis exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en el atentado, en el que también falleció Cecilio Gallego, que esperaba el autobús cuando los terroristas hicieron estallar un coche-bomba junto a la casa cuartel de la localidad alicantina.

Dos de los seis exdirigentes etarras investigados por estos hechos -Mikel Albisu, "Mikel Antza", y Ramón Sagarzazu, "Ramontxo"- ya han sido procesados por delitos de asesinato terrorista, y Francia autorizó el pasado septiembre la entrega de los otros cuatro imputados - Soledad Iparraguirre, "Anboto"; Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica y Félix Ignacio Esparza-, pero en el caso de este último, exresponsable del "aparato logístico" de la banda criminal, la Corte de Apelación de París ha supeditado esa entrega al cumplimiento de sus tres condenas en Francia, que no extingue hasta el 28 de septiembre de 2027.

Así las cosas, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, debe decidir si acuerda el procesamiento del resto de investigados y abre juicio oral contra ellos (en el caso de Esparza debería solicitar una entrega temporal a Francia para sentarlo en el banquillo).

En el escrito remitido al magistrado instructor, la letrada de la acusación particular, Vanessa Santiago, reclama la prórroga "toda vez que quedan pendiente de materializarse las Órdenes Europeas de Detención libradas para su puesta a disposición de la Justicia de los presuntos responsables de los hechos", en referencia precisamente a Esparza.

Dos condenados por el atentado

En marzo de 2024, García Castellón justificó la ampliación de la investigación seis meses más en que esta dependía "de la práctica de diligencias que requieren el auxilio judicial internacional". Y es que los exjefes de ETA a los que Francia no entregó para que fueran investigados por estos hechos se acogieron en sede judicial al principio de especialidad y se negaron a declarar. De ahí que, recordaba el entonces instructor, el procedimiento "requiere la autorización de dichas autoridades para poder ser dirigido contra los mismos".

En agosto del pasado año, el magistrado instó a Francia a "agilizar" su decisión sobre esos cuatro exdirigentes de la banda terrorista, lo que permitiría procesarlos y afrontar la recta final de la instrucción, convocándoles a las declaraciones indagatorias en las que se les comunicaría su procesamiento por el atentado de Santa Pola, por el que ya fueron condenados como autores materiales los exintegrantes del "comando Argala" Óscar Zelarain y Adoni Otegi.

Tras prorrogar de nuevo la investigación, García Castellón -que reabrió la causa en marzo de 2022 por una querella de Dignidad y Justicia- aludía también a la necesidad de analizar un informe policial sobre la troqueladora que se utilizó para falsificar la matrícula del coche bomba utilizado en el atentado, en busca de huellas dactilares que puedan implicar a más terroristas.

Los informes policiales sostienen que los seis exjefes etarras investigados participaron en la "planificación" y "autorización" de la acción criminal como integrantes del comité de dirección (Zuba) de ETA en esos momentos, donde las decisiones se adoptaban "de forma colegiada" al autorizar los atentados.

Los informes policiales señalan a la cúpula

En octubre de 2022, García Castellón citó a declarar a los seis investigados. Por videoconferencia desde prisión o desde los juzgados de San Sebastián, solo Sagarzazu quiso declarar, negando cualquier responsabilidad en el atentado y que en esas fechas dirigiera el "aparato internacional" de ETA. El juez rechazó enviar a prisión provisional a "Mikel Antza" y Sagarzazu, como pidieron entonces DyJ y la AVT.

Según plasmó la Guardia Civil en un informe, la cúpula de ETA "era el órgano de dirección donde se decidían, planificaban, coordinaban y autorizaban" las acciones terroristas que cometían los "comandos", por lo que la decisión de llevar a cabo el atentado de Santa Pola "no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada" por todos sus integrantes.

En esa misma línea, la Comisaría General de Información de la Policía señaló en el informe remitido a la Audiencia Nacional que el comité directivo de ETA tomaba "de forma colegiada" las decisiones sobre cuestiones "estratégicas y en ocasiones tácticas", lo que incluía en ocasiones "la orden o autorización de realizar los atentados terroristas".

"Campaña de verano" de ETA

Era la cúpula, por tanto, la que marcaba los objetivos en las denominadas "campañas de verano" de ETA, en las que la Policía enmarca el atentado cometido en Santa Pola el 4 de agosto de 2002. En esas fechas, ETA estaba organizada en cinco aparatos: "militar" (Olarra Guridi y Ainhoa Múgica), logístico (Esparza), político ("Mikel Antza"), internacional (Sagarzazu) y finanzas (Soledad Iparraguirre).

Como máximo órgano directivo, el comité ejecutivo de ETA -señalaba el informe policial- se encargaba de "proporcionar los medios personales y materiales necesarios" a los "comandos" operativos "para la comisión de los atentados".

"Todos los militantes conocían la existencia del Comité Ejecutivo", concluía la Policía, y las órdenes de cada responsable "se acataban en la convicción de que no se trataba de una orden personal, sino que respondía a un plan elaborado por la cabeza de la organización, esa comisión directiva que era el comité ejecutivo". Y es que, subrayaba, en el seno de la organización terrorista "regía una férrea disciplina", puesto que ETA era una organización "sumamente estructurada y jerarquizada, en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño". Este último les transmitía, a su vez, las órdenes "emanadas de otro responsable superior o directamente del órgano directivo" en una estructura "muy cerrada y casi de naturaleza «militar" caracterizada por "una cadena piramidal".