La Guardia Civil señala a la excúpula de ETA por “no haber evitado” el “terrible” atentado de Santa Pola

La Guardia Civil no tiene dudas: los seis exdirigentes de ETA investigados por la Audiencia Nacional por el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) en agosto 2002 -en el que murieron una niña de seis años y un hombre de 57- participaron en “la decisión y facilitación de medios” para cometer la acción criminal.

En un extenso informe de 302 páginas, el Instituto Armado señala a los etarras que en esas fechas formaban parte del comité ejecutivo o Zuba de la banda terrorista: Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi (ambos exresponsables del “aparato militar”), Félix Ignacio Esparza (“aparato logístico”), Mikel Albisu “Mikel Antza” (que se encargó de la dirección del “aparato político), Ramón Sagarzazu (a quien la Guardia Civil sitúa al frente del “aparato internacional”) y María Soledad Iparraguirre, “Anboto” (quien en esas fechas dirigiría el área de tesorería de la banda).

En el exhaustivo documento, elaborado a petición del juez Manuel García Castellón, instructor de las diligencias, la Guardia Civil sostiene que teniendo en cuenta la principal estructura directiva de ETA, su comité ejecutivo o Zuba “era el órgano de dirección donde se decidían, planificaban, coordinaban y autorizaban” las acciones terroristas que cometían los comandos operativos ETA, es “bastante improbable” que una acción terrorista de esta entidad fuese materializada por el “comando Argala” sin que mediase “una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA”. Esas órdenes, añade, habrían sido transmitidas al “comando” a través de sus responsables más directos, el que denomina “núcleo dirigente” del “aparato militar”, Olarra Guridi y Ainhoa Múgica.

La decisión no la pudo tomar “un miembro aislado”

Con esas premisas, considera que la decisión de llevar a cabo el atentado con coche bomba “no pudo ser tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que debió requerir del consenso y de la toma de una decisión colegiada” por todos sus integrantes. “El alcance, la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra el citado acuartelamiento”, en el que no solo vivían los agentes, sino también sus familias, “entre ellos menores de edad, así lo requería”, subrayan los autores del informe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil.

Pero aún va más allá -y en la línea de lo que sostenía en la querella que forzó la reapertura de la causa el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias-, el Instituto Armado hace hincapié en que los integrantes de la Zuba, al disponer de “suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista” de ETA, en este caso sobre el “comando Argala”, “pudieron haber evitado el desenlace último de hacer detonar el coche-bomba contra el acuartelamiento” y, por tanto, “el terrible resultado que finalmente consiguieron, el asesinato de dos personas y un importante número de personas heridas y damnificadas”.

Pero lejos de frenar el atentado, continúa, “no realizaron ningún acto para que los miembros del comando Argala no colocasen el coche-bomba”, habiendo podido hacerlo por su capacidad de mando dentro de la organización, de sus principales “aparatos” y de sus “comandos”.

“Plenamente conocedores”

Para la Guardia Civil resulta indiscutible que los integrantes del “comando” no cometieron el atentado “por propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del comité ejecutivo”, quienes además “les facilitaron los medios materiales (los explosivos y el vehículo utilizado como coche-bomba) para llevarlo a cabo”, según consta en la sentencia por la que fueron condenados los autores del mismo, Óscar Celarain y Andoni Otegui.

Los seis etarras que estaban entonces al frente de la organización eran, por tanto, “plenamente conscientes de la posición de mando que ostentaban” dentro de ETA y de su “amplia capacidad de actuación, es decir, la de ordenar la comisión de acciones terroristas concretas, o bien la de evitar las mismas”.

De ahí que fueran “plenamente conocedores de la intención de “volar” el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, ya no solo por haber seguramente decidido, planificado y ordenado la acción”, sino porque, además, la dirección etarra se responsabilizó de la misma al reivindicarla y justificarla incluso por medio de un comunicado. “Eran plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, la muerte de personas inocentes”.

El comunicado que reivindicó el atentado

De “Mikel Antza”, que dirigió el “aparato político” de ETA desde mediados de 1994 hasta el 3 de octubre de 2004, cuando fue detenido en Salies de Bearn (Francia), la Guardia Civil destaca que entre los trece comunicados incautados en un CD-Rom de su vivienda, se encontraba el que reivindicó el atentado de Santa Pola.

Respecto a “Anboto”, sostiene que en su calidad de dirigente del “aparato político” era la “principal responsable” de las finanzas de la organización y de la “gestión y cobro” del denominado “impuesto revolucionario”, así como del control de los “zulos”. Antes, entre 1993 y 1998, estuvo al frente de los “comandos legales”. En su calidad de dirigente que controlaba “uno de los ámbitos de mayor importancia para ETA”, como eran sus finanzas y la gestión de sus “zulos”, formaba también parte de la Zuba.

En cuanto a Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, encuadrados en el “aparato militar” en la fecha del atentado, asegura que ejercieron esa responsabilidad tras la detención de su antecesor Javier García Gaztelu, “Txapote”, el 22 de febrero de 2021, con quien hasta entonces “compartían esas funciones”, un área a la que desde entonces se denominó “Otsagi” en el seno de ETA. Ambos fueron detenidos por la Policía francesa en Talance el 16 de septiembre de 2002.

Manuscritos intervenidos a “Susper”

La Guardia Civil también llama la atención sobre los documentos manuscritos intervenidos a su sucesor, Ibón Fernández de Iradi, “Susper”, tras ser detenido, y que fueron atribuidos al propio Olarra Guridi y a Ainhoa Múgica, en los que se plasma el “control” que ejercían “sobre la actividad terrorista del comando Argala”. No en balde, cuando se cometió la acción criminal ambos ejercían el control de los “comandos ilegales” y “legales”, “así como de varias las subestructuras que formaban parte del aparato militar”.

Los autores del informe consideran además “especialmente relevantes” de la supuesta vinculación existente entre Olarra Guridi y Múgica y la actividad terrorista del “comando Argala” dos cuartillas de papel manuscritas atribuidas, según una prueba caligráfica, al etarra Andoni Otegui, uno de los autores materiales del atentado de Santa Pola. Unas horas que hacen referencia a “las vigilancias realizadas por el citado comando a agentes de la Guardia Civil en Torrevieja (Alicante) y a militares en Badajoz”.

Pero lo relevante para los investigadores es que junto a las citadas informaciones figura anotado un teléfono móvil adquirido en Francia por Ainhoa Múgica, que utilizó para su compra “documentación falsa bajo la identidad de una persona de nacionalidad portuguesa”. La etarra acudió al establecimiento acompañada por una persona “cuyas características físicas eran coincidentes” con las de Olarra Guridi. Este hecho es considerado “un elemento de especial relevancia que corroboraría la vinculación orgánica y funcional del comando Argala con sus responsables en Francia”, Olarra Guridi y Múgica.

Respecto a Félix Ignacio Esparza, exdirigente del “aparato logístico” entre septiembre de 2001, cuando relevó a su antecesor, Asier Oyarzábal, “Baltza”, y el 2 de abril de 2004 (cuando fue arrestado en Saint Paul les Dax), y a Ramón Sagarzazu -que fue supuestamente responsable del “aparato internacional”, estructura también conocida como “Elcano”, hasta septiembre de 2005, fecha en la que fue detenido por la Policía francesa en Saint Etienne de Baigorri, la Guardia Civil no tiene tampoco dudas de que igualmente eran integrantes del comité ejecutivo de ETA.