Juristas denuncian que la amnistía "persigue fines políticos" que la proposición de ley omite

La amnistía “persigue fines políticos distintos de los que se explican en la larga y penosa exposición de motivos de la ley”. Esta ha sido una de las conclusiones que ha destacado el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado y académico de número de la Real Academia Española y de Ciencias Morales y Políticas. En su sede, se ha presentado el último número de la revista "El Estado social y democrático de derecho". Allí se generó un debate sobre la situación actual de la democracia en España, junto a Benigno Pendás, presidente de esta institución,y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los siete "padres" de la Constitución.

Muñoz Machado reconoció que la Carta Magna puede ser reformada en determinados aspectos, pero con un pacto previo. Y denunció que actualmente se están dando “modificaciones de hecho de la Constitución” que algunos han llamado “mutaciones constitucionales”. Se trata de cambios forzados sin aplicar la técnica jurídica porque su objetivo es "atender las peregrinas políticas de los imperantes”, que no se resignan frente a los obstáculos que la Carta Magna recoge para proteger el sistema democrático.

Para concretar estos cambios alternativos a una reforma formal, denunció que se aspira a que Tribunal Constitucional (TC) ejerza un rol “cómplice”, dando cobertura "a interpretaciones jurídicamente inverosímiles”, señaló.

El jurista también recordó que en los artículos jurídicos que recoge la revista, titulada "La Constitución cumple 45 años", casi la mitad de los autores optaron por escribir sobre la amnistía, que es el “asunto que preocupa en este momento”. Y destacó que “la respuesta casi unánime es que la amnistía sería contraria a la Constitución”; solo uno de ellos defiende que el silencio de la Carta Magna sobre esta medida se debe entender como un “silencio positivo o habilitante”. Uno contra quince, subrayó. Y recalcó que las opiniones más fundadas se centran en la “falta de motivación de la amnistía, es decir, la aplicación de esa norma para los casos concretos”.

La conclusión general, apuntó, es que “es dudoso que se pueda aprobar una ley de amnistía como esta y, desde luego, no es dudoso que el caso concreto al que se aplica no es constitucionalmente aceptable”, en alusión a que detrás de la aprobación de esta norma hay un pacto entre PSOE y Junts para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

Además, denunció que actualmente "el Ejecutivo intenta controlar el Poder Judicial" y se está fragmentando la idea de la separación de poderes. Criticó, asimismo, que la democracia española haya bajado en los rankings de las mejores democracias a nivel mundial por la situación de los tribunales. "El día que perdamos la autonomía y la independencia del Poder Judicial, habremos acabado con el estado de derecho", subrayó.

Por su parte, Rodríguez de Miñón, lamentó que la amnistía genera una cierta "contaminación" en el debate político y una creciente tensión por el conflictos interterritorial. Y calificó de "delirantes" las propuestas de Carles Puigdemont. También hizo un llamamiento a un mayor diálogo entre los principales partidos políticos. "Si en vez de tirarse los trastos por la cabeza" y si sustituyeran el improperio por el razonamiento, "sería un paso previo para acordar algo". La

Acuerdos con el PNV

Otro tema que se destacó fueron los acuerdos adoptados por el Gobierno y el PNV, que plantean asuntos de relevancia, “poco menos que se ha recuperado el ‘pase foral’”, ha dicho, una vieja institución medieval que implica que para que se aplique cualquier ley en el País Vasco o Navarra se requiere de una autorización previa. Muñoz Machado calificó un “pacto extravagante” entre el Gobierno y un partido político regional.

"Hay que hacer un esfuerzo por retornar a la vía estatutaria” y no ir a modelos confederales o de otro tipo que se puedan inventar. “No inventemos más cosas alrededor de las autonomías, porque esto no da más de sí”, declaró Muñoz Machado. El modelo estatutario era un buen modelo, inventado por los catalanes que tiene un amplio margen de desarrollo.

Al acto han acudido, entre otros, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, la ex fiscal general del Estado, y actual fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y la expresidenta del TC María Emilia Casas. El Instituto de España está conformado por diez academias y una de ellas es la Real Academia Española y de Ciencias Morales y Políticas, que ha acogido esta ceremonia.