La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde diciembre de 2018, importa y mucho. Pero también importa la manera como se elegirá a sus integrantes. Hoy se celebra la segunda reunión para llegar a un acuerdo, tras una primera toma de contacto en Bruselas entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el representante del PP, Esteban González Pons, bajo la supervisión (que no mediación) del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Y parece que hay buenas perspectivas para que se desbloquee el nombramiento de los vocales e inmediatamente después se inicie el cambio del sistema de elección. Pero esto último tiene más implicaciones de las que parece a simple vista.

El sistema para elegir a los integrantes del órgano de gobierno de los jueces se basa, en términos prácticos, en que los dos partidos mayoritarios acuerden los nombres de los 20 vocales que forman parte del consejo. De ellos, doce son jueces y los otros ocho son juristas de prestigio, tal como establece la ley. La mitad los elige el Congreso de los diputados (seis jueces y cuatro juristas) y la otra mitad, el Senado. Pero este sistema ha sido cuestionado desde distintas instituciones europeas, que reclaman un cambio para que sean los propios jueces los que elijan los cupos reservados a magistrados. En la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) han publicado un informe que aboga por que se reforme el mecanismo vigente de elección para cumplir con los estándares europeos. Abogan por que los jueces los elijan «mediante voto personal, directo y secreto, sin intervención de partidos políticos».

A favor juega el hecho de que la reforma del sistema de elección se puede aprobar en menos de tres meses por las Cortes Generales y solo exigiría el apoyo de 176 votos, frente a los 210 necesarios actualmente para renovar a los 20 vocales del CGPJ. Esta mayoría, si saliera adelante la reforma, solo sería necesaria para nombrar a los ocho vocales no judiciales del CGPJ.

Pero la situación del consejo es alarmante. Que esté en funciones desde hace más de cinco años es consecuencia, precisamente, de la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Aunque ha habido momentos en que se preveía que iba a concretarse, diversos factores han dinamitado el pacto. Algunos de ellos han sido muy sonados. Dos ejemplos son los WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en 2018 y la reforma del delito de sedición en el Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022.

¿El resultado? El peor: el bloqueo continúa y siguen con el mandato caducado. Una interinidad nunca antes vista que no tendría un impacto tan nocivo para el Poder Judicial si no fuera por la limitación de facultades que aprobaron PSOE y Podemos en 2021: cuando el consejo tenga el mandato prorrogado, se le impide el nombramiento de altos cargos judiciales y dejó al órgano de gobierno de los jueces «atado de manos» para cubrir plazas vacantes con nuevos nombramientos, muchas de ellas por jubilación de los magistrados. Actualmente hay 86 plazas vacías en la cúpula judicial y 24 en el Tribunal Supremo.

Aquí es donde habrá otro efecto indeseado si se prioriza la renovación sin cambiar el sistema de elección. El próximo CGPJ, renovado por el acuerdo político y ya sin las restricciones para hacer nombramientos, será el encargado de designar a los jueces que ocuparán esas plazas. Y a ellas se añadirán las vacantes que se produzcan en los próximos cinco años, que es lo que dura el mandato de los 20 vocales. Fuentes jurídicas creen que no se logrará avanzar en la independencia del Poder Judicial si los miembros del consejo, al menos los que proceden de la magistratura, no son elegidos por los propios jueces. De ahí que algunas asociaciones sostengan que si se prioriza la renovación del consejo sin modificar el sistema de elección, es muy probable que los integrantes del nuevo consejo tengan vínculos con esos partidos, que siga politizado y que no cumpla con los estándares de independencia, tanto en el fondo como en la apariencia, que exige la UE.

Existen numerosas recomendaciones del Consejo de Europa para que España modificara el sistema de elección del consejo. Entre ellas está el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), que en seis informes publicados entre 2016 y 2022 instaba al Estado español a cambiar la manera como se elige a los doce vocales magistrados para que las autoridades políticas no intervengan en ninguna fase de su nombramiento. También está el Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en 2021, 2022 y 2023. Al abordar la situación de España, se consideró preocupante la falta de renovación del CGPJ, a la vez que recordaba que debían tenerse en cuenta las normas europeas que establecen que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces deben ser magistrados nombrados por sus homólogos de todos los niveles del Poder Judicial. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), recuerda que estas recomendaciones no se han cumplido. Y aclara que en el sistema actual los jueces puedan presentarse como candidatos a las doce vocalías en dos casos: si cuentan con el aval de una asociación profesional, lo que deja fuera al 42,2% de los jueces que no está adscrito a ninguna organización. Y si les apoyan 25 compañeros.

En esta línea, hace unos años la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que abogan por reformar este sistema de elección, presentaron una propuesta para fomentar una mayor participación de los jueces no adscritos a ninguna de las cuatro asociaciones -esas dos, más la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD)-. Se pretendía una elección más representativa, pero no prosperó. La PCIJ también planteó una fórmula de votación para lograr una mayor representatividad de la carrera judicial entre los vocales del consejo del Poder Judicial.

El problema es que los continuos retrasos para la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la falta de acuerdo entre los partidos políticos ha dejado al CGPJ en una situación extrema. En este escenario, la reforma del sistema de elección queda en segundo plano frente al inaplazable acuerdo para renovar los vocales con el actual sistema.