Un tribunal de mayoría «progresista» juzgará a Trapero en la Audiencia

La sección primera de lo Penal confirma el auto de conclusión del sumario a la ex cúpula de los Mossos.

- Un tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel, de la «conservadora» Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y del que formarán parte también dos jueces de reconocida tendencia «progresista», Ramón Sáez, que además será el ponente de la sentencia, y Manuela Fernández Prado, juzgará al ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero, según informaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer el auto de conclusión del sumario acordado por la instructora del procedimiento, Carmen Lamela, ahora en la Sala Penal del Tribunal Supremo.

La Sala otorga un plazo de cinco días a la Fiscalía para que presente su escrito de conclusiones provisionales aunque, según las fuentes consultadas, al tratarse de una causa compleja lo previsible es que los fiscales adscritos a la misma, Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira, soliciten una prórroga de ese plazo. Posteriormente, se dará traslado del escrito de acusación a los abogados de los procesados –además de Trapero, el ex director de los Mossos Pere Soler, el ex «número dos» de la Conselleria de Interior de la Generalitat César Puig y la intendente Teresa Laplana– para que formulen sus escritos de defensa. Una vez cumplimentados esos trámites sólo restará que la Sala fije la fecha del comienzo de la vista oral.

Lamela procesó el pasado abril a Trapero por dos delitos de sedición y otro de organización criminal por los altercados ocurridos el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la sede de la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. La magistrada también procesó por organización criminal, aunque en su caso por un único delito de sedición, a Soler y a Puig, a ambos por el 1-O. A la intendente Laplana la magistrada únicamente le imputó un delito de sedición, en su caso por los incidentes registrados durante los registros del 20 y 21 de septiembre en la sede de la Conselleria de Economía.

Esa calificación de los hechos, no obstante, no vincula a la Fiscalía de la Audiencia, que según informó este periódico el pasado lunes se inclina por acusar a Trapero de un delito de rebelión, en consonancia con lo que previsiblemente hará la Fiscalía del Tribunal Supremo con los principales líderes del proceso soberanista.

La magistrada sostenía en su resolución que la investigación reveló la existencia de una «compleja y heterogénea organización» cuyo objetivo era la secesión de Cataluña. Para lograr ese propósito, sus integrantes elaboraron «una premeditada estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles y responsabilidades entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles».

Lamela concluía que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal y que el ex mayor de los Mossos se guió de forma «enmascarada» para no actuar ante esa ilegalidad y permitir la celebración del 1-O.