Tirón de orejas de Bruselas a España: pide separar los mandatos de la Fiscalía y del Gobierno

La Comisión Europea ha dado este miércoles un tirón de orejas a España por no separar los mandatos de la Fiscalía y el Ejecutivo, lo que contraviene los estándares europeos sobre autonomía e independencia del poder judicial. En su informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, Bruselas reconoce que España ha realizado “algunos progresos” sobre el estatus del Fiscal General, pero que aún debe seguir tomando más medidas en este terreno. Bruselas recuerda que los dos principales partidos españoles se han comprometido a una reforma para evitar puertas giratorias, de forma que ciertos cargos políticos no puedan acceder a este puesto y que el Fiscal General del Estado tenga la obligación de abstenerse en casos que le afecten personalmente.

Este informe resulta menos duro que los de años anteriores debido al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con los auspicios de Bruselas, para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de mandato caducado. A pesar de esto, Bruselas no se contenta con esto último y recuerda la necesidad de continuar el proceso para “adaptar el procedimiento de asignación de sus miembros”, teniendo en cuenta los estándares internacionales. Bruselas ya ha recomendado a España en numerosas ocasiones que al menos la mitad de los vocales de este órgano sea elegidos por los propios jueces, como modo de arrebatar poder a los partidos políticos. En el pacto alcanzado en Bruselas el pasado 24 de junio, se encomienda al nuevo órgano de gobierno de los jueces la elaboración de una propuesta de reforma en el plazo de seis meses. En cuanto al pacto para renovar el CGPJ, el informe de la Comisión también pide que se ponga en marcha íntegramente, ya que de ello depende que se ocupen hasta un total de 99 vacantes que estaban pendientes, debido al colapso en el órgano de gobierno de los jueces.

En el terreno de la justicia, el texto de la Comisión Europea también muestra su preocupación por las denuncias de los magistrados, en las que se quejan de las declaraciones realizadas por los políticos, en las que se ponen en duda su imparcialidad y que han afectado tanto a actuaciones judiciales concretas como al conjunto de la magistratura.

A este respecto, el Ejecutivo comunitario recuerda que “aunque los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio, la confianza pública en el sistema judicial es central para su efectividad, debido a su especial rol en la sociedad. Dañar esta confianza es particularmente relevante en relación a las declaraciones de los poderes ejecutivo y judicial, ya que todos los poderes del Estado deben promover y proteger la confianza del público general en las instituciones constitucionales incluyendo el poder judicial”.

En cuanto a la ley de amnistía, Bruselas recuerda que esta analizando esta nueva normativa y pidiendo clarificaciones a las autoridades públicas. También remite al informe sobre la Comisión de Venecia, en el que este órgano dependiente del Consejo de Europa, pide eliminar ambigüedades sobre el alcance de la amnistía y evitar el peligro de que el trabajo de las comisiones parlamentarias pueda afectar la independencia judicial. Bruselas también se muestra crítica con el procedimiento de urgencia empleado, debido a que esto ha limitado las consultas públicas necesarias para la elaboración de la ley, y subraya la importancia de esta normativa hubiese contado con un mayor apoyo parlamentario. En su texto, el Ejecutivo comunitario recuerda la polvareda levantada por esta ley y las numerosas quejas recibidas. La Comisión Europea siempre ha reconocido tener dudas sobre el contenido de esta legislación, pero ha sido extremadamente cautelosa a la hora de valorar si el texto resulta contrario en algún capítulo al derecho comunitario. De momento, Bruselas sigue analizando el texto y no da ningún plazo sobre cuándo publicará su análisis. La Comisión Europea siempre había prometido esperar hasta que la tramitación hubiera concluido, para conocer la versión definitiva del articulado.

Entre los deberes que el Ejecutivo comunitario pone a nuestro país, también están también incluidos mejorar la transparencia de los denominados grupos de presión, a través de un registro obligatorio de los lobbies; finalizar la reforma del código de enjuiciamiento criminal, mejorar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con responsabilidades públicas y revisar el acceso de información a través de una reforma de la ley sobre secretos oficiales.

En cuanto al sistema judicial y su papel para luchar contra la corrupción, el Ejecutivo recuerda a nuestra país la lentitud en los procesos judiciales derivada de la falta de personal cualificado para esta tarea concreta.