El Supremo cree que el fiscal general «dirigió los pasos» de la filtración de datos del novio de Ayuso

La resolución en la que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado acuerda la citación como investigado del fiscal general señala en varias ocasiones el «papel de relevancia» que –según el instructor– tuvo supuestamente Álvaro García Ortiz en la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según Hurtado, el máximo representante del Ministerio Público «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron» a la divulgación de esos datos relativos a la investigación por fraude fiscal al empresario (según el fiscal general, para contrarrestar los «bulos» que apuntaban que el ofrecimiento de pacto había partido de la Fiscalía, y no de la defensa de González Amador).

El magistrado señala que esa presumible «relevante participación» en los hechos investigados la llevó a cabo «aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales que se prestaron a ponerse a su disposición». Algo que solo puede entenderse, pone de relieve, «desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos».

Hurtado pone la lupa en el trasiego de mensajes entre el conocido como «equipo Fortuny» –sede de la Fiscalía General del Estado– entre las 21:59 horas del pasado 13 de marzo (cuando la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, envía al fiscal general del Estado el correo de 2 de febrero en el que el abogado de González Amador tiende la mano al fiscal del caso para llegar a un acuerdo reconociendo «íntegramente» el fraude fiscal que se le imputa) y las 23:51 de ese mismo día, cuando la cadena Ser publica en su web ese mismo correo.

Ese frenético ir y venir de mensajes, «y los pasos que da antes para lograr hacerse con él», son según el instructor «reveladores» de momentos «de urgencia y gran tensión que tienen lugar bajo su batuta». Estos hechos, añade, junto a su intervención en la nota de prensa publicada el 14 de marzo (en la que se detallan los contactos entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador), son indicativos «de su papel relevante en la divulgación reservada y confidencial que no debió divulgarse».

«La secuencia y presura de estos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo». Un correo que, recuerda, «no había sido remitido» a la Fiscalía General entre la documentación enviada el 8 de marzo por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe (a quien el magistrado del Supremo también imputa).

A consecuencia de lo que el juez denomina una «dinámica delictiva, se divulgó, a través de esas filtraciones, «información concerniente a la intimidad de una persona, que debería haber sido objeto de reserva, pero que tuvo una publicidad que no debería haber alcanzado por razones de confidencialidad».