El Supremo acerca a García Ortiz al banquillo e implica a Moncloa en la filtración

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está un paso más cerca del banquillo tras el último movimiento del Tribunal Supremo. El magistrado que le investiga por presunto delito de revelación de secretos, Ángel Hurtado, expuso este lunes que los indicios contra él se han reforzado hasta el punto que le atribuye la dirección de toda una "operación coordinada" para filtrar en prensa información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Ni el borrado de los mensajes, ni el cambio de terminal móvil de García Ortiz han herido el procedimiento. Al contrario, el magistrado mantiene su tesis acerca de que el fiscal general, aprovechando su condición de superior jerárquico, coordinó un plan para recopilar los correos del abogado de Alberto González Amador y filtrarlos a la prensa. Por todo ello, le ha citado como investigado para el 29 de enero y ha imputado también al jefe de la Secretaría Técnica y mano derecha suya en la Fiscalía, Diego Villafañe.

El magistrado habla ya de una "acción coordinada" a tres bandas entre García Ortiz, Villafañe y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Hurtado se apoya principalmente en el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el volcado del teléfono de Rodríguez. En dicho oficio, los investigadores destacaron la "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración y constataron, además, que a las 21:59 del 13 de marzo recibió en su cuenta de correo personal todas las comunicaciones que se intercambió el fiscal Julián Salto con el abogado de González Amador.

Las "gestiones" de Moncloa con la filtración

Además, Hurtado apunta por primera vez a la mano de Moncloa en la filtración. El volcado del teléfono del exdirigente socialista Juan Lobato evidenció que entre la noche del 13 de marzo y la mañana del día siguiente el Gobierno se hizo con el correo en cuestión. Su objetivo era que Lobato, entonces secretario general de los socialistas madrileños, lo sacara a relucir en el Pleno de la Asamblea contra Ayuso. Por todo ello, el Tribunal Supremo habla ya de las "gestiones" en Presidencia de Gobierno para preparar la filtración del 'mail' y desliza que se actuó con una "clara finalidad política".

"Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación El Plural.com", indica el instructor. De esta manera da por hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez accedió a la información confidencial y preparó su filtración en prensa. Las horas cuadran, dado que la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera le dijo a Lobato a primera hora del 14 de marzo que para cuando se celebrara el Pleno el documento estaría ya en prensa y, efectivamente, se publicó en el diario El Plural pasadas las 9.00 horas.

"Con la provisionalidad de este momento procesal, se puede hablar de un dinámica delictiva que tuvo por objetivo divulgar, por medio de filtraciones, en este caso, a través de medios de comunicación, información concerniente a la intimidad de una persona, que debería haber sido objeto de reserva", alega Hurtado, quien insiste en que tanto Pilar Rodríguez como Villafañe acataron sus órdenes.

"Una acción delictiva"

El instructor basa su tesis tanto en los informes de la UCO como en la premura con la que actuó García Ortiz la noche del 13 de marzo. La publicación en prensa de que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador hizo activar la maquinaria en la cúpula de la Fiscalía. Con el objetivo de desmentir este extremo y de que Ayuso no ganara "el relato", coordinó una operación que tenía dos objetivos: primero, recabar todos los correos de Julián Salto, y segundo, filtrarlos en prensa.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid puso el foco en la nota informativa que se difundió ya el 14 de marzo, el Tribunal Supremo solo se ciñe a la filtración del correo del abogado de González Amador. Hurtado entiende que se difundió información reservada relativa a comunicaciones privadas entre el letrado del empresario y el fiscal que le investigaba por dos delitos fiscales. Y esa actuación es, de manera indiciaria, constitutiva de delito de revelación de secretos.

Tanto es así que resta credibilidad al testimonio de dos de los ocho periodistas que declararon como testigos la pasada semana. Estos dos periodistas explicaron que tuvieron acceso al correo clave antes del 13 de marzo; esto es, antes de que lo tuviera el fiscal general. De darle validez a este testimonio, el fiscal general quedaría exonerado de la revelación de secretos.

"Elementos objetivos" contra García Ortiz

No obstante, Hurtado le resta importancia. "Se trata de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestado en la mañana del día 8. Mientras que los elementos objetivos que aportan las diligencias practicadas apuntan a que solo tras la recepción por parte de Álvaro García Ortiz del correo de 2 de febrero a las 21:59 horas es cuando tiene lugar su difusión, lo que debe llevar a mantener su condición de imputado", recalca.

De esta forma la causa marca su camino hacia un más que presumible procesamiento de García Ortiz y apertura de juicio oral. De hecho, los argumentos de Hurtado dan a entender que los indicios no solo se han consolidado, sino que se han constatado. Con todo, el instructor sigue pendiente de obtener información sobre el material borrado del teléfono del fiscal general y de escuchar a dos testigos clave citados para este jueves. Se trata de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y de Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador.