El grupo parlamentario Sumar ha llevado a cabo una iniciativa por medio de una Proposición no de Ley que reconozca el 'ecocidio' como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La iniciativa ha sido firmada esta semana por la diputada Júlia Boada, que ha exigido la necesidad de tomar acciones penales frente a la crisis climática para proteger el medio ambiente de manera efectiva e intervenir adecuadamente en la protección de la flora y fauna e incendios forestales.

Entre las propuestas está reconocer el concepto de ‘ecocidio’ como "acto lícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente", definición que proponen diversas asociaciones climáticas.

Sumar advierte de que las empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático "mantienen modelos de negocio que pueden tener gravísimas consecuencias a medio plazo"

Según informó la ONG Influence Map 2019, cinco de las mayores multinacionales de gas y petróleo: ExxonMobile, Total, BP, Chevron y Royal Dutch Shell destinaron "más de 1.000 millones de dólares a prácticas lobistas de todo tipo". Esto se suma al caso reciente y mediáticamente discutido en el que se descubrió que Volkswagen camufló con un software secreto las emisiones de dióxido de nitrógeno. Posteriormente, la propia empresa de automóviles descubrió en una investigación propia prácticas similares en varias compañías de la competencia".

Sumar ha recriminado también responsabilidades al sector financiero afirmando que "muchos de los productos financieros que se venden como sostenibles a los clientes y no lo son”. El grupo parlamentario menciona, entre otros, a los bancos españoles: “Santander, CaixaBank y BBVA habrían invertido unos 1.000 millones de euros en algunas de las empresas más contaminantes del mundo".

La coalición liderada por Yolanda Díaz achaca que el papel del Estado ha sido “a menudo de pasividad, tanto a nivel internacional como nacional, dado que el sistema regulatorio actual no es suficiente para proteger y evitar crímenes climáticos, bien por falta de recursos, bien por la activa voluntad política de no controlar y hacer cumplir la regulación existente de protección y control”.

Es por ello que Sumar ha incidido en la necesidad de ampliar recursos en la Fiscalía de Medio Ambiente, así como a otras unidades especializadas del Ministerio Fiscal. La formación política ha pedido al Gobierno que transponga de manera inmediata la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

Ante la evolución "cada vez más preocupante" de la crisis climática, la formación ha llamado a tomar medidas, también penales, que modifiquen el sistema de incentivos actual. "El derecho penal crea poderosos límites morales y jurídicos, dejando claro que los niveles extremos de daño no sólo son ilegales, sino totalmente inaceptables", ha recalcado Sumar en su Proposición No de Ley.