La subida salarial a jueces y fiscales agita a los funcionarios de Justicia

El Ejecutivo ha optado por quitarse un frente de conflicto que amenazaba con volver a estallar. El Consejo de Ministros aprobaba hoy una subida de sueldos de entre 430 y 450 euros al mes para jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), una medida pactada tras las huelgas que estos colectivos protagonizaron en el primer semestre del año. Pero esta decisión no ha sido bien acogida por los funcionarios de Justicia, que no descartan volver a las movilizaciones.

El incremento salarial, que debió hacerse efectivo en julio para los LAJ y a lo largo de este mes de octubre para jueces y fiscales, se aplicará de forma progresiva de aquí a final de año y se prevé que todo el acuerdo retributivo se complete en julio de 2024.

La huelga de los LAJ, que se prolongó durante dos meses, tuvo graves consecuencias en la Administración de Justicia: se suspendieron juicios y fue imposible celebrar vistas. El balance de los propios letrados en marzo fue de más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de reparto y 1.500 millones de euros paralizados en las cuentas de consignaciones.

El extinto comité de huelga de este colectivo ha criticado que se haya tardado tres meses en cumplir lo pactado y recuerdan que aún hay otros compromisos pendientes de plasmarse.

En el caso de los jueces y fiscales, el acuerdo que se firmó en mayo con seis asociaciones –tres de jueces y otras tantas de fiscales– no contó con el apoyo de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Una de las firmantes, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) celebró el anuncio poniendo el foco en que no fue necesario llegar a la huelga indefinida.

Sin embargo, al Ejecutivo se le puede abrir otro frente: el de los funcionarios de Justicia. El sindicato mayoritario, CSIF, ya ha anunciado que recurrirá la subida salarial aprobada para los LAJ y los jueces y fiscales porque considera que se está vulnerando el derecho fundamental de negociación colectiva porque –se queja– el acuerdo lo pactaron las asociaciones profesionales y no los sindicatos. Ahora, amenazan con retomar los paros y manifestaciones que cesaron por la convocatoria de elecciones anticipadas.